Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Tal como están los asuntos de gobernabilidad en el PERÚ, nos encontramos ante el reto de mejorar nuestro entendimiento sobre la Política y los criterios políticos que hemos manejado en los últimos 22 años a partir de la Reforma Estatal promulgada en los finales del 2002. Reforma que no se ha cumplido.
La Descentralización Económica, Administrativa y Modernización del Estado Peruano ha sido desoída por la ciudadanía y los gobernantes nacionales y regionales. Lo que ha ocurrido con el reciente proceso electoral amenaza continuar con la misma tragedia.
El reto para entender la Política como principio básico para la búsqueda del bienestar común sigue pendiente de cumplimiento legal y constitucional. Hemos visto como, contradictoriamente, las organizaciones políticas han proliferado desmesuradamente, irracionalmente.
Eso significa una dispersión de criterios que evidencia que la ciudadanía entera no tiene una clara noción de la ruta a seguir para despegar hacia el bienestar común. Para caer en la corrupción actual no es necesario robar, solo basta con postular o aceptar cargos para el cual no están preparados.
Dios quiera que los nuevos Senadores y Diputados sean notoriamente y mayoritariamente gente capaz y preparadas. Lo suficientemente valientes para decirle no a su bancada o partido cuando crean que su posición u orden partidaria esté equivocada.
Allí los ciudadanos y el periodismo debemos estar preparados para analizar, criticar y rechazar cualquier intento antipatriótico contra la planificación para el desarrollo y el avance hacia el bienestar común. Que no se cometan los mismos deprimentes errores y delitos que caracterizaron al Congreso saliente.
Todo eso pasa por la necesidad de mejorar cuantitativamente nuestro nivel de cultura política ciudadana masivamente. Seguimos descalzos en política. La justicia peruana aún contiene veneno y sigue mordiendo con ponzoña a los descalzos. Cualquier organización que obtenga el Poder en Julio 2026 debe declarar su compromiso para superar aquello. El mismo reto para las instituciones privadas emblemáticas democráticas, Colegios, academias, Agrupaciones sociales emblemáticas.
Las instituciones defensoras de determinados DDHH en específico deben entender que el principal derecho humano a cumplirse es el referido a una eficaz gobernabilidad nacional y regional, que busque el desarrollo humano peruano individual y colectivo, en forma planificada, concertada y transparentemente pedagógica masivamente. Salud, Educación y Trabajo para todos.
Eso requiere inevitablemente que toda autoridad nacional y regional priorice e invierta presupuestalmente en un rubro específico y autónomo en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, tal como lo ordena la ley reformista vigente. No promover y no ejecutar dicho mandato es un claro síntoma o indicio de que quieren favorecer o ahondar la masiva corrupción nacional existente.
Robar es un delito, grave, como cualquier delito, pero intentar arruinar un país es traición a la Patria.
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