El fiscal provincial Enrique Luis Pimentel Llamocca exhortó a las autoridades municipales de Huamanga a disponer la clausura inmediata de los llamados cinemas, locales que —según denuncias recientes— estarían operando como fachadas para encubrir delitos contra la libertad sexual, especialmente en agravio de menores de edad.
El pedido surge tras un nuevo caso registrado en uno de estos establecimientos ubicados en el distrito de Ayacucho, a la altura del puente Enace, donde una mujer encargada del local permitió el ingreso de una menor de 13 años junto a un adolescente de 15, a cambio de 10 soles, bajo el pretexto de alquilar un cuarto para “ver películas de terror”.
Dentro del recinto, ambos mantuvieron relaciones sexuales, configurándose el delito de violación sexual de menor de edad, dado que la ley penal no reconoce consentimiento en menores de 14 años. El adolescente fue intervenido en flagrancia y detenido por 48 horas, acogiéndose posteriormente a la terminación anticipada del proceso para evitar su internamiento preventivo.
Ante estos hechos, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga formuló denuncia contra la mujer que autorizó el ingreso de los menores por el presunto delito de omisión impropia, al no haber impedido la comisión del acto delictivo pese a encontrarse en posición de hacerlo.
El fiscal Pimentel Llamocca advirtió que existen antecedentes de situaciones similares en distintos puntos de la ciudad, donde estos locales —que se presentan como salas de video o entretenimiento— funcionan sin control adecuado, propiciando espacios para la comisión de delitos sexuales.
“Estos ‘cinemas’ se han convertido en lugares donde se vulneran derechos fundamentales. Es necesario que las municipalidades ejerzan sus funciones de fiscalización y clausuren estos establecimientos que atentan contra la integridad de los menores”, enfatizó el magistrado.
La Fiscalía recordó que la venta o alquiler de espacios a menores sin supervisión ni control constituye una infracción grave, e instó a la población a denunciar estos locales ante las autoridades competentes para prevenir nuevos casos de abuso sexual.
Finalmente, recalcó que dependerá de los gobiernos locales actuar de manera firme y oportuna para clausurar este tipo de giros de negocio que representan un riesgo para la seguridad e integridad de los menores.
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