Precisamente busca capacitar y entrenar políticamente el recurso humano o ciudadanía política de cada una de las nuevas regiones. Por tanto es una obligación constitucional y legal y un derecho ciudadano de obligatorio cumplimiento para gobernantes y gobernados para reforzar masivamente y progresivamente la futura integración regional, fruto de una CONCERTACIÓN pública – privada lo más sensata posible. Esto no se ha intentado y mucho menos no se ha cumplido. Desgraciadamente su cumplimiento tampoco ha sido de especial interés de organizaciones civiles y políticas promotoras de derechos civiles ni de la evaluación académica de las Facultades de Derecho en las respectivas universidades de cada región.
Si analizamos el concepto CONCERTACIÓN, se infiere que deriva de una acción o acuerdo que es producto ineludible del DIALOGO entre autoridades legítimas y la Sociedad Civil legítimamente representada. Si profundizamos este análisis deduciríamos que para entrar al diálogo, ambas partes dialogantes tienen que entrar a este intercambio de criterios en igualdad de información sobre el asunto o asuntos a tratar. Aquí surge el criterio de la TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA sobre la cual también debemos reflexionar como quisiéramos que se cumpla o ejecute para desarrollar con eficacia, no solamente su aspecto informativo al común de la gente, sino también su resonancia pedagógica, formativa, capacitante.
En Perú y Ayacucho las autoridades están acostumbradas a llamar Transparencia a las cosas positivas, que por ser positivas las informan, pero las dificultades, no necesariamente condenables, prefieren ocultarlas debajo de la alfombra y no la ponen en el tapete para analizarlas, encontrar soluciones y evitar que se repitan. Eso podría incluirse en las llamadas Rendición de Cuentas . Coherente con la lógica antedicha, La Ley de Bases de la Descentralización – 27783 (20.07.2002) señala en su art° 17° : “.. Los GRs están obligados a promover la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos y garantizar el acceso ciudadano a la información pública; así como, la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de Consulta, Concertación, Control, Evaluación y Rendición de Cuentas…”.
La Ley 27867 (nov. 2002) o Ley Orgánica de GRs, en su art° 8° reafirma: “…Uno de los principios rectores de las políticas y gestión regional es la PARTICIPACION CIUDADANA para desarrollar y hacer uso de instancias y estrategias concretas …”. Por tanto , un ciudadano está amparado legalmente en su derecho a reclamar su cumplimiento y los candidatos están obligados a insertarla en su propuesta electoral y explicar cómo la auspiciará desde su gobierno. Para contrarrestar posibles desniveles informativos y de capacidades en el DIALOGO Y CONCERTACIÓN arriba aludidos, en el 2003 se promulga la ley 27806 o ley de Transparencia de la Gestión Pública y de Acceso a la Información.
En el mismo sentido se promulga la ley 28273 o Ley de Acreditación de GRs y GLs (publicada el 09.04.2004 y reglamentada por DS 080 – PCM del 16.11.2004), contempla entre uno de sus 04 objetivos: “…Acreditar la existencia de capacidades de gestión efectiva de los GRs y GLs para asumir las competencias, funciones, atribuciones y recursos que el proceso de descentralización les transfiera…”. En su art° 7° obliga a estos gobiernos sub nacionales a contar con sus respectivos PLANES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El 30.11. 2012 el GRA promulgó un nuevo Plan Regional de Participación Ciudadana – PRPC 2013/2016 (OR 028 – 2012 GRA/CR), que deroga al anterior PRPC promulgado en el 2006. Ambos Planes nunca se aplicaron. 17 años perdidos a la fecha. Actualmente en Ayacucho hay PRPC vigente. Nunca invirtieron presupuesto regional ni nacional en el desarrollo de capacidades y organización ciudadana.
El resultado negativo de estos incumplimientos constitucionales y legales se refleja en la baja capacidad técnica y moral demostrada por una mayoría de autoridades elegidas en los últimos 17 años. El elector peruano mayoritariamente sigue siendo débil, desentrenado, desinformado, disgregado, desinformado, discapacitado, desorientado políticamente. Lo más probable es que siga ocurriendo en futuras elecciones regionales y nacionales. Los candidatos y autoridades seguirán omitiendo e incumpliendo este requisito legal, moral y técnico pues se han percatado que existe impunidad para ello.
El actual Ejecutivo del GR ya deslizó la conducta equivocada que seguirá al respecto, con el tratamiento erróneo que acaba de darle al presupuesto participativo regional 2024 y el Consejo Regional ya está anunciando un lirismo periodístico declarativo que no evidencia acciones de legislación regional ni de cumplimiento de la legislación regional que denotan que aún no asimila su función fiscalizadora.
