manera significativa en los procesos que dan forma a sus vidas, los caminos del desarrollo humano no serán sostenibles…”. Esta recomendación la asimiló el Acuerdo Nacional en el 2001 y se insertó en la legislación reformista de la Constitución sobre Descentralización, en el 2002.
Es decir ya tenemos la legislación pero no es tomada en cuenta en el PERU, mucho menos en Ayacucho. Los estratos de gobierno nacional y regional cotidianamente la incumplen y la violan. Todo ello a vista y paciencia de sociedad civil , organizaciones políticas y etcs. Seguimos creyendo ingenuamente que vendrá algún iluminado a corregir la brújula política equivocada en que nos encontramos, para encontrar soluciones a nuestro estancamiento problemático político, social y económico progresivamente castrante.
Persistimos en vivir en carnaval y jaculatorias de semanas santas, chismorreos y verborreas neblinosas, que desvían la masiva atención política del problemas central. Seguimos apostando a que de las sombras de unas elecciones regionales o nacionales surgirá el Salvador. Ingenuamente o interesadamente, perezosamente, irresponsablemente encargamos toda la tarea a Dios y a la chiripa. Declaramos, opinamos, reclamamos buscar desarrollo humano sostenible, inclusivo, equitativo, pero aún nos resistimos a institucionalizar un sistema regional de dialogo público que aliente a nuestra ciudadanía y a nuestras instituciones civiles y políticas a participar en el proceso político para el desarrollo integral, expresando opiniones e inquietudes colectivamente articuladas, concertadas y fundamentadas de acuerdo a derechos y preceptos constitucionales pedagógicamente participativos. Las autoridades regionales y locales son los principales interesados en que no se difundan ni practiquen estos principios.
Las Universidades, Colegios Profesionales, Organizaciones civiles emblemáticas ,organizaciones políticas (todas) persisten en seguir tocando violín. Seguimos sin influir eficazmente en la gestión pública regional y local, en el seguimiento de políticas públicas y en sus resultados. Aún no respondemos a las aspiraciones silentes para albergar esperanzas de confiables oportunidades en proyectos de vida y acceso a una sincera y oportuna rendición de cuentas política, que a la vez capacite masivamente ,sensatamente para cuando a alguien le toque el turno de ser autoridades en diferentes niveles.
La deliberada exclusión maligna de este proceso participativo y de pedagogía política masiva sigue asfixiando potencialidades honestas para el desarrollo peruano y de capacidades ciudadanas. Nos está llevando inadvertidamente a una cultura de la injusticia, individualismo y por consiguiente, a la nada deseable perpetuación de la corrupción. Quieren hacernos creer que los procesos electorales , tal como su actual ley la concibe son la solución. Tratan de inculcarnos abusivamente un cambio de Constitución, sin antes promover fortalecimiento ciudadano, es decir, premeditadamente desvirtúan y debilitan la opinión ciudadana para obtener una Constituyente y una nueva Constitución a su caprichoso antojo.
El sentido común nos dice, además, que las Constituciones no se reemplazan, se reforman, se perfeccionan gradualmente. Definitivamente, las administraciones regionales habidas, desde el 2003, se han caracterizado por rasgos de autocracia. Nos han impuesto sutiles restricciones crecientes que apuñalan directam
ente al desarrollo humano y derechos constitucionales elementales. La principal víctima sigue siendo ese 50% y algo más de población vulnerable.
Hipócritamente decimos luchar contra la pobreza pero no existe presión pública ni privada, ni civil para que se cumplan los instrumentos legales promulgados ,hasta ahora incumplidos, en favor de una democracia participativa significativa. No contamos con un sistema confiable y transparente que permita participar y vigilar cumplimiento de metas, inversión estratégica, visión de desarrollo. Un resultado de ello es la debilidad en que se encuentran los gremios representativos contrarios a esa maldad. En lugar de recibir apoyo para el desarrollo de sus capacidades( planteada por la legislación peruana), son víctimas de decisiones nacionales y regionales de desaliento, obstrucción y analfabetismo político. La amenaza contra Ayacucho y el Perú sigue latente y creciente. Las organizaciones políticas y candidatos que merodean en los procesos electorales siguen calculando cerebralmente para agudizar el problema .
No plantean soluciones. No lo van a hacer. No quieren comprometerse con una solución. Ya ven lo que pasó y está pasando en razón de esa debilidad y/o cobarde posición política. Todos votamos ¿no es cierto?. Entonces , tenemos derecho a ser capacitados y fortalecidos para una opinión solidaria, pues ello es parte de la solución. Un reclamo mucho mejor si es colectivo y con la ley, la Constitución, y la denuncia judicial de incumplimiento ante un Juzgado Constitucional en la mano.
