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Transportadora de Gas del Perú en peligro de paralizar obras por conflicto en Anchihuay

El viernes 23 de febrero, la población de Anchihuay realizó la primera movilización hasta la zona de trabajo de TGP (Km 158), donde se tuvo la presencia de autoridades como la Policía Nacional, así tras un breve diálogo con los representantes de TGP se levantó un acta que los mismos trabajadores de la empresa no quisieron firmar, aumentando el descontento popular.

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De acuerdo con el acta del día 23 del 2024, El presidente de la comunidad campesina de Anchihuay, Samuel Avalos Huaman expuso ante los ingenieros Bernardo Noriega Gutierrez y José Iguabel Nuñez (representantes de la TGP) respecto al ingreso de la empresa en el territorio de la comunidad sin contar con autorización.

 

Seguido de los puntos de retiro de la maquinaria pesada que se encuentra en el río Chunchubamba y el retiro de residuos sólidos de la zona de abra Cajadela; así los ingenieros se comprometen a entregar el día 28 de febrero la documentación solicitada por el presidente comunal o de lo contrario se paralizarán las obras y los trabajos.

Las partes dejaron la discusión de los otros dos puntos para el día 28 de febrero, sin embargo, se dejó establecido en los acuerdos que la TGP contrataría por igual a la mano de obra del personal de las comunidades de Anchihuay y Chiquintirca; evidenciando los intereses laborales de los comuneros.

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Al finalizar el proceso de diálogo entre las partes, los representantes de la empresa se negaron a firmar la mencionada acta mediante un acto prepotente por el tema de la jurisdicción consignado en el documento.

El día 22 de febrero, el presidente de la comunidad campesina de Anchihuay, Samuel Avalos Huaman, pide al comisario de Chungui, hacer cumplir leyes y seguridad del territorio comunal debido a que los comuneros estarían siendo “maltratados y discriminados” por la TGP debido a la actividad que esta realiza en las zonas de Cajadela, Lacca – Aroncca y Chonguni.

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Samuel Avalos, advierte en el documento que la empresa realiza su actividad en el territorio “sin ningún tipo de autorización y reconocimiento económico y/o social”; además, la empresa se negaría a brindar los documentos que fueron solicitados como planos, memorias descriptivas o contratos privados y todo lo relacionado a la instalación de ductos en la zona de Cajadela.

A pocos días de vencer el plazo establecido en el acta, los comuneros se encuentran incómodos porque se percibe que los representantes toman como “burla” a los documentos que presentan los líderes comunales, por ello, de no ser escuchados tomarán medidas legales y sociales amparadas por la ley.

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