Se trata de menores que están en situación de riesgo o desprotección familiar, derivados por la Dirección de Protección Especial (DPE) y los Juzgados de Familia. Lo preocupante es que estas cifras podrían incrementarse, a comparación del año pasado, donde se registraron más de 70 casos.
De otro lado, se conoció que en el Centro de Desarrollo Integral de Familia (espacio donde se brinda servicios especializados orientados al fortalecimiento de las familias) se atendieron a 369 personas de los diferentes grupos etarios.
Vale precisar que en lo que va del año dos menores fueron adoptados, según la Dirección General de Adopciones, una cifra muy por debajo a lo que se notificó en el 2020 que fue de 20.
En tanto, se sabe que en la Unidad de Protección Especial (UPE) el personal especializado brinda el soporte necesario a los padres de familia, a través de talleres, capacitaciones y evaluaciones psicológicas. Estas ayudan a tener una correcta crianza y responsabilidad con sus menores hijos.
Los menores que son atendidos en la UPE tienen un acogimiento residencial momentáneo hasta que sus progenitores se comprometan ante las autoridades judiciales a brindarles una calidad de vida digna. De no ser así, se les denegará la patria y potestad.
A la fecha, en la UPE se tienen tiene reportados 412 casos de niños o adolescentes que se encuentran en desprotección y sin cuidados parentales o con riesgo de perderlos.
