“Las gestiones de cualquier entidad pública están bajo el liderazgo de una persona en concreto (alcaldes o funcionarios de carrera). Pero no todo depende de ellos, sino de la plana de trabajadores administrativos, quienes tienen mucha responsabilidad en que la gestión salga adelante”, detalló.
El defensor mencionó que uno de los derechos más vulnerados es la petición y de acceso a la información pública, toda vez que no se cumplen en los plazos establecidos, y que ello genera cierto malestar en los usuarios.
“La Constitución garantiza que todo empleado público de respuesta al pedido que haga una persona motivadamente y por escrito. Pero no se recibe la solicitud del ciudadano o si la recibe no se le da respuesta dentro de los plazos establecidos en la ley; o la respuesta no tiene motivación. En el caso de acceso a la información no se cumple con el plazo de diez días hábiles para que se pueda entregar esa información, o por el contrario se niega la información, pese a no ser secreta o reservada”, detalló.
Agregó que otras de las quejas están relacionadas por falta de atención oportuna en los servicios públicos como serenazgo, mantenimiento de parques y jardines, recojo y manejo de residuos sólidos, entre otros.
Pacheco Villar recordó a los ciudadanos que, así como tienen derechos de que sus autoridades garanticen con los servicios públicos, también tienen la obligación del pago de sus arbitrios municipales, pues estos se financian con ello.
