(1) El CRA saliente nunca denunció esa falta de respeto a la Transparencia Pública. También a la majestad legal de un Consejo Regional como órgano representativo de las provincias y como órgano de dación y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento legal regional.
(2)Teóricamente dichos Acuerdos no son vigentes ni sujetos a cumplimiento pues no han sido publicados en El Peruano. Tiempo, dinero público y legalidad al tacho. No se conoce de qué Acuerdos se tratan. No señalan si están publicados en la página web del GRA. Probablemente no están. Ha ocurrido en varios casos desde el 2003.
El actual Presidente del CRA declara: “… estar gestionando presupuesto propio para que se realicen las publicaciones, todo dependerá de la voluntad política del Gobernador Regional…”. Es decir, somete su autoridad presidencial como Consejero a la voluntad personal de un Gobernador. No es primera vez que ocurren estas falencias sobre publicaciones legales . Sucedió con el Reglamento del CCR (año 2006); Plan Regional de Participación Ciudadana (2007 y 2012); el Reglamento del CCR ( 2008) ; el Plan Regional de Desarrollo 2012 – 2021, etc.
El 12/09/2022 JORNADA publicó un Artículo (Datos para el sufragante) donde informaba que el Consejo Regional de Ayacucho había aprobado el 16/12/2020 el Acuerdo Regional 171/2020/CR respaldando 04 Iniciativas Legislativas ya presentadas al Congreso donde se señalan obstáculos superables en la gobernabilidad nacional y regional y se fundamentan razones para fortalecer a los Consejos Regionales y reiteran la necesidad de incorporar y otorgarles Autonomía Presupuestal y Administrativa.
Esto esclarecería actuales nudos legales de sujeción administrativa y presupuestal atentatorias contra los Consejos Regionales como Poder Estatal Legislativo Regional, que por ser Poder Estatal necesariamente deben contar con una autonomía regulada pero no sometida al Poder Ejecutivo Regional. Nadie conoce el tratamiento que el CRA actual esté dando a aquella Iniciativa Legislativa. Tampoco se conoce la atención que le esté destinando el Congreso a esos cuatro Proyectos de Ley. Ya llevan 24 meses en el Parlamento y ni siquiera ha pasado por la respectiva Comisión Parlamentaria para tratar el caso y llevarlo al Pleno del Congreso.
¿Sabe de esta iniciativa pendiente de cumplimiento nuestro actual Consejo Regional?,¿está en su agenda de pendientes por solucionar? ¿O está pensando arrodillarse, suplicar, rogar, a nuestros tres impávidos congresistas que dispensen piadosamente parte de su valioso tiempo congresal para averiguar y reclamar sobre la gestión de dicha iniciativa legislativa? ¿Cada qué tiempo se reúnen formalmente nuestros congresistas con el Consejo Regional?. Quizás no lo hacen por “ falta de presupuesto”.. . ¿Dónde publican los informes sobres dichas reuniones?.
No imagino a los Poderes nacionales Legislativo, Judicial y Electoral sin autonomía institucional, ciertamente regulada legalmente pero finalmente AUTONOMÍA para dinamizar eficazmente acciones democráticas de bien público que incidan positivamente en la gobernabilidad nacional y regional. Todos proporcionalmente empoderados en la buena. No es cuestión de voluntades políticas personales, de libre albedrío, de súplicas humillantes o entrampamientos burocráticos vulgares. Es asunto de Derecho, cumplimientos de leyes y legitimización de su gestión. De lo contrario deben atenerse a las respectivas denuncias constitucionales y penales.
JORNADA ha tratado el tema en diferentes ocasiones y épocas, desde diferentes ángulos, desde el 2006. Recuerdo que a finales del 2022 y principios del 2023 la Vice Gobernadora saliente y una Consejera Regional saliente empezaron a contar sus cuitas y obstáculos sostenidos con sus colegas y autoridades del GRA, muchos de ellos de su mismo “pasajero toldo político”, que les entorpecieron o impidieron el cumplimiento de sus respectivas tareas públicas. ¿Por qué no los denunciaron oportunamente?. Tardíamente publicaron las trabas sufridas y nos pasaron el cadáver para analizarlo. Nadie se recupera “cuando ya es finado y está muerto”, dicen en Chincha. Algunos denunciantes sobrevivientes creen ganar impunidad y licencia para las siguientes elecciones. La actual caritativa y defectuosa legislación electoral se los permite.
Actuales indicadores políticos señalan que esa legislación seguirá protegiendo erráticos criterios electorales . No ha existido auténtica voluntad política en las bancadas del Congreso desde el 2012, para rectificarla, mejorarla y avizorar un futuro planificado sensatamente para el país. Esa negación es algo así como asociación ilícita para delinquir. Es una lástima que Ayacucho tenga representantes en esa asociación, más aún cuando ya casi tienen lograda su estadía hasta julio 2026. Se hace necesario reclamarle a nuestro Consejo Regional una presencia públicamente más activa y oportunamente pedagógica y transparente.
