En este documento se instó a las nuevas autoridades que fueron elegidas en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022 a comprometerse con los objetivos, de tal manera que se garantice la atención de este grupo de especial vulnerabilidad.
En ese sentido, se advirtió que la situación de este sector de la población está marcada por diversos problemas, siendo uno de los más graves los hechos de violencia escolar reportados en el portal SíSeVe, que indica que, del 1 de enero al 31 de octubre, se han registrado alrededor de 250 casos en la región Ayacucho.
Ante ello, los representantes de dichas organizaciones destacaron el compromiso que deben tener las nuevas autoridades para cumplir con sus principales obligaciones frente a esta situación de violencia, en educación, salud, identidad, recreación, embarazo adolescente, trabajo infantil, entre otros.
El 1 de enero de 2023, asumirán las nuevas autoridades electas, lo que representa una oportunidad clave para una gestión que garantice sus derechos.
Esta agenda resalta la necesidad de asegurar una amplia difusión de los derechos de los niños y adolescentes en las instancias locales y regionales de gobierno, de la sociedad civil, comunidades y familias.
Además, solicitan prestar especial atención a los afectados por problemas creados por los cambios económicos, sociales y culturales, principalmente a miembros de familias indígenas o en situaciones de riesgo o que necesiten cuidados y protección especial.
Asimismo, piden en restablecer los servicios y programas de carácter comunitario que respondan a las necesidades, intereses e inquietudes especiales de los menores y ofrecerles a ellos y sus familias, asesoramiento y orientación adecuados a esa etapa de vida.
También, recomiendan en articular la planificación regional y local con los objetivos y lineamientos de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
Dicho documento, además, contiene obligaciones vinculadas a la niñez y adolescencia en riesgo o desprotección familiar, atención y prevención de la violencia y todas las formas de explotación, trabajo infantil, etc.
Con todo ello se busca que en los cuatro años de gestión las autoridades puedan revertir algunas cifras preocupantes.
