El anticomunismo como política de estado, se extendió a los países latinoamericanos. Las dictaduras militares anticomunistas, persiguieron no sólo a los partidos comunistas, sino a partidos social demócratas, como el Apra y el peronismo y derrocaron a gobiernos nacionalistas, como el de Jacobo Árbenz en Guatemala.
Desaparecida la URSS, el anticomunismo es una política propia de un periodo superado. Esto ha sucedido en muchos países, donde ser comunista o llamarse comunista no es motivo de ataques viscerales, pero no es el caso del Perú.
El periodo de 1980 a está marcado por tres procesos, y estos son: a) el fracaso de los gobiernos de Belaunde Terry y Alan García en el campo económico; b) la corrupción de los gobernantes que desprestigió a la democracia; y, c) la violencia genocida de Sendero Luminoso y la guerra de baja intensidad ejecutada por el Estado con crímenes de lesa humanidad. Luego vendrá la dictadura del Fujimorismo durante 10 años, que, pese a la estabilidad económica, hizo de la corrupción y la violación de los derechos humanos, una práctica de su gobierno.
Todo esto dividido a los peruanos y dio espacio para el surgimiento de una derecha bruta y achorada (DBA), y un periodismo que hace eco a su anticomunismo, que, sin respetar la memoria de las víctimas y el dolor de los familiares, agrede a personas, calificándolas como integrantes de organizaciones terroristas.
Este es el caso de la señora Raida Cóndor, uno de los rostros más conocidos en la lucha por los derechos humanos y madre de uno de los estudiantes de La Cantuta secuestrado y ejecutado extrajudicialmente, a quien en el programa de Beto a Saber se ha difundido una fotografía con su imagen, señalada como la “camarada Bertha”.
Este acto difamatorio es una “mala praxis periodística ajena a lo que es la esencia del periodismo”, señala acertadamente la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, la única institución del periodismo peruano que ha condenado el programa que conduce el periodista Humberto Martín Ortiz Pajuelo y en el canal Willax TV.
De los otros gremios es muy poco lo que se puede esperar. Para el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Periodistas del Perú el reportaje difundido por el Programa Beto a Saber es “producto de la premura”. Muy diferente a la opinión del CPP, la Defensoría del Pueblo aclara que “la libertad de prensa no avala la difamación”.
