La moción de vacancia ha sido elaborada por abogados como Lourdes Flores Nano y hecha suya por unos 50 congresistas que no han reparado, que buscan aplicarle al presidente de la república, que es un civil, artículos derogados hace 10 años en el Código de Justicia Militar.
Por supuesto que los firmantes son congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza Perú y algunos de Alianza para el progreso, Acción Popular, que estuvieron respaldando la denuncia de un supuesto fraude en las elecciones pasadas, delito de sedición por el que ha sido denunciada Keiko Fujimori y otros políticos peruanos.
La vacancia se verá hoy a las 9 de la mañana. Previamente, la junta de portavoces se reunirá para responder al pedido del presidente de presentarse ante el Congreso y dar un mensaje a los congresistas y al pueblo peruano. No se sabe si aceptarán este pedido, pero de no hacerlo, no sumarán puntos a favor del congreso.
Pero Castillo no se ha quedado cruzado de brazos. Mientras por una parte busca ir al congreso, por otra ha presentado un recurso de habeas corpus que ha sido admitido por la Corte Suprema contra la Sub Comisión de Asuntos Constitucionales, en el que señalan que buscan aplicarle un artículo exclusivo para el personal policial y militar a un civil, como es la situación de Pedro Castillo Terrones.
Además, en el mismo documento, precisa que, sus declaraciones sobre la salida al mar a Bolivia, lo hizo en un contexto diferente, cuando no era presidente de la república, sino un ciudadano más, ni siquiera durante la campaña política, sino años antes, cuando ni siquiera pensaba participar en las elecciones generales.
La demanda de habeas corpus presentado ante el Poder Judicial contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, busca que sea declarada nula la denuncia constitucional en su contra por una presunta traición a la patria. Este recurso de habeas corpus ha sido admitido a trámite.
El recurso fue presentado ante el Poder Judicial a través del abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, y en este señala que los congresistas del grupo de trabajo parlamentario que admitieron la acusación habrían cometido una presunta vulneración del derecho a la libertad individual, al debido proceso y a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal.
Como se sabe, en la subcomisión ocho votaron a favor y votos en contra. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres, fue el que finalmente inclinó el sentido de la votación a favor.
