Salvo la directiva nacional Colegio de Periodistas del Perú, las directivas regionales del Colegio de Periodistas del Perú, así como otras instituciones relacionadas con el ejercicio y la protección de los periodistas en medios de conflictos, han rechazado contundentemente el mencionado protocolo, porque en ninguna parte se señala las responsabilidades de la policía, si se tiene en cuenta, la cantidad de periodistas que han sido agredidos durante las protestas sociales en distintas regiones e incluso heridos y detenidos.
Además, han incautado, destruido material fotográfico y fílmico, sin que se haya investigado estos casos. Por esta razón, organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, se han pronunciado exigiendo que se archive ese documento, y se elabore uno sobre el protocolo de los policías frente al trabajo del periodismo, garantizando su integridad y acceso a fuentes de información.
Desde la convocatoria por parte del ministerio del interior, según el Consejo de Prensa Peruana, se percibió la “falta de voluntad de incluir lineamientos técnicos de estándares internacionales”, para la protección de los periodistas, razón por la que se retiraron del grupo de trabajo.
La directiva nacional del Colegio del Periodistas del Perú, que es la única institución que respalda este protocolo, ha demostrado que está en contra de los principios básicos del periodismo como actividad. Además, está en contra de los periodistas free lance, que cubren este tipo de manifestaciones y tienen sus propias páginas en las redes sociales, ya que exige la acreditación del colegio de periodistas.
Otro punto cuestionado de este protocolo, es que los periodistas estarán bajo el control de la policía nacional, de manera que sólo se ubicarán donde les señale la policía y se limitarán a registrar lo que le interesa a la policía que se grave en fotografía o video, y no podrán actuar libremente, porque se expondrían a cualquier riesgo, bajo su responsabilidad.
Esto, es considerado por los organismos de defensa del trabajo periodístico, como una suerte de amenaza velada a los periodistas que no se acojan a las disposiciones de la policía del lugar donde deben ubicarse. Hemos visto en las últimas acciones de los meses de enero y febrero, como periodistas que se acreditaban como tales eran empujados y agredidos, impidiendo que cumplan con su trabajo.
