Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en el Perú, así como personalidades democráticas, han mostrado su preocupación por las normas dadas por el Congreso y la conducta de la Junta Nacional de Justicia y el posible retiro del Perú de los organismos internacionales de Derechos Humanos, que se hizo durante el gobierno de Alberto Fujimori y que se puede repetir durante el gobierno de su hija Keiko.
Las leyes pro crimen y de impunidad dadas por el congreso bajo la presidencia del fujimorista -ex comunista convicto y confeso- Fernando Rospigliosi, es la primera preocupación, porque por una se pueden acoger a ella personas que ya han sido sentenciadas por graves crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, así como permitir que los responsables de las muertes durante las movilizaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023 queden en la impunidad, ya que existe también la ley para que estos actos sean tratados no en el fuero común, sino en el fuero militar y policial, como delitos o faltas graves de función.
Este escenario preocupa, porque no hace mucho se registro la muerte de cinco jóvenes en una carretera entre el VRAEM y Colcabamba, que fueron asesinados cuando se desplazaban a su comunidad, por una patrulla del ejército que abrió fuego contra la camioneta en la que viajaban. De acuerdo a los sobrevivientes, los disparos se hicieron sin ninguna medida previa.
Los organismos de derechos humanos señalan, que estos hechos son preocupantes, pero más, la actitud de la Junta Nacional de Justicia que está abriendo proceso a muchos jueces que se niegan a aplicar las leyes de impunidad, como ha denominado parte del periodismo, y prefieren mantener el principio del control difuso, una facultad que les permite inaplicar una ley cuando consideran que contradice la Constitución y a los tratados internacionales firmados por el Perú, entre estos, la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la OEA.
Esto recuerda la conducta que primó durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando todos los procesos abiertos contra miembros de las Fuerzas Armadas pasaron a ser resueltos por tribunales militares, y que fueron observados por organismos internacionales. La salida que buscó, fue retirar al Perú de la CIDH, que no les sirvió, porque al recuperar el país la democracia, fueron revertidas esas sentencias, se abrieron nuevos procesos, hoy en su mayoría purgan condenas en establecimientos penales comunes.
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