Durante los últimos días se ha vivido una situación tensa en el sector de Warpapicchu, en el distrito de San Juan Bautista– Huamanga, a la altura del paradero de la ruta 10, donde decenas de pobladores temen ser desalojados de sus viviendas.
Todo ello se originó tras una sentencia a favor de la excongresista por Ayacucho, Juana Huancahuari, quien asegura ser la titular de cerca de 3 hectáreas de terreno.
“Mi persona compró este predio en el año de 1997 a título de compra y venta inscrito en Registros Públicos. Fue un sueño como ingenieros agrónomos de instalar un centro de producción, pero lamentablemente el predio fue arrebatado de manera violenta en el año 2005, en la que los invasores golpearon a nuestros padres e incendiaron las casas”, comentó.
Según Juana Huancahuari, en aquel año se conformó una asociación denominada Cordillera, la misma que estaba integrada por supuestos licenciados del Ejército Peruano, cuando en realidad eran traficantes de terreno; y que al tener posesión vendieron y revendieron los lotes a personas incautas.
La excongresista refirió que después de 18 años recién pudo encontrar justicia, por lo que ahora solicita que le devuelvan 400 metros cuadrados, de las tres hectáreas que eran de su propiedad.
“Vamos a continuar exigiendo justicia y que se nos restituya la totalidad de nuestro terreno, salvo con algunos que ya hicimos la compra y venta”, dijo.
Además, señaló que enviaron múltiples cartas notariales a las familias que habitan en su predio a fin de llegar a una conciliación; sin embargo, aseguró que solo una minoría le ha respondido para hacer la compra venta, conforme a ley.
Explicó que existe otro grupo de moradores que se rehúsan a llegar a un acuerdo mutuo vía el conducto legal; ellos estarían siendo encabezados por el ciudadano Amancio Quicaño.
Otro de los implicados en esta “organización criminal dedicada al tráfico de terrenos” sería Michael Laura, quien habría amenazado de muerte a la exparlamentaria, de acuerdo a la denuncia pública que realizó a Jornada.
“Me ha amenazado de muerte manifestando que acá va ver un muerto, que no va respetar la justicia. Él encabeza a las personas que se resisten a devolver el restante del terreno”, sostuvo.
Juan Huancahuari agregó que Alipio Quintana Quispe, exjuez de paz en la provincia de Sucre, sería otro de los azuzadores que se haría pasar como abogado para generar este conflicto con la población.
“Este señor ha sido destituido por el delito de usurpación, se hace pasar como abogado y me hizo como 20 denuncias. A mí me pone como usurpadora y trata de legalizar los terrenos invadidos con documentos falsos”, aseveró.
Añadió que estas tres personas pretenderían desconocer lo que establece la sentencia emitida por el juez Rigoberto Carhuapoma.
