La implementación de los beneficios laborales aprobados para los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha generado nuevas controversias luego de que gremios sindicales advirtieran sobre una propuesta que establecería la entrega progresiva de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el año 2030.
El debate surge días después de que el Gobierno anunciara que garantizaría el pago de gratificaciones para los trabajadores CAS y destinaría recursos para completar las transferencias presupuestales a las entidades públicas pendientes de cumplir con esta obligación. Sin embargo, organizaciones sindicales sostienen que existiría una propuesta atribuida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que modificaría la forma de aplicación de estos beneficios.
Según el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos, que agrupa a más de 40 organizaciones sindicales a nivel nacional, representantes del MEF habrían señalado previamente que la Ley N.° 32563 se implementaría sin gradualidad ni progresividad. No obstante, el gremio asegura que actualmente se evalúa un proyecto normativo que plantea una aplicación escalonada de los beneficios reconocidos por dicha ley.
De acuerdo con el documento difundido por dirigentes sindicales, la gratificación por Fiestas Patrias correspondiente a julio de 2026 equivaldría al 10% de la remuneración mensual del trabajador. El porcentaje aumentaría progresivamente a 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y alcanzaría el 100% recién en 2030. La propuesta también establece que el beneficio no podría ser inferior a S/300.
El mismo esquema se aplicaría a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que seguiría una implementación gradual durante el mismo periodo. De concretarse la iniciativa, los trabajadores CAS accederían de manera progresiva a los beneficios contemplados en la Ley N.° 32563, aprobada recientemente por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
Frente a esta situación, el Frente Nacional de Trabajadores CAS con Derechos emitió un pronunciamiento público en el que rechazó cualquier mecanismo de aplicación gradual de los beneficios laborales. La organización sostiene que la ley reconoce el derecho a percibir gratificaciones y CTS en su integridad, por lo que solicitó al Gobierno aclarar oficialmente si la propuesta difundida forma parte de una iniciativa que será presentada al Congreso.
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