A una década de la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, 119 sitios impactados por la actividad petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón continúan sin avances en su recuperación. Frente a esta situación, líderes indígenas llegaron a Lima para solicitar al Congreso la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE, iniciativa que busca destrabar los procesos de rehabilitación ambiental en la Amazonía.
El Fondo de Contingencia fue creado en 2015 mediante la Ley N.° 30321 con un monto inicial de S/50 millones destinado a atender los impactos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera. Sin embargo, según las organizaciones agrupadas en la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), los avances han sido limitados.
De los 146 sitios contaminados identificados por las autoridades, únicamente 27 registran algún nivel de avance, mientras que los 119 restantes permanecen a la espera de estudios técnicos, planes de rehabilitación y trabajos de limpieza.
Robinson Sandi Hualinga, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador (Opikafpe), señaló que las comunidades llevan años exigiendo acciones concretas para recuperar sus territorios.
“De los 146 sitios identificados, solo 27 han sido priorizados y los otros 119 siguen sin avanzar ni un paso”, indicó el dirigente indígena.
Las organizaciones explican que el principal obstáculo no es la falta de recursos económicos, sino las limitaciones establecidas por la normativa vigente. Los fondos disponibles están vinculados a una lista cerrada de sitios priorizados aprobada en 2019, lo que impide incorporar nuevas áreas contaminadas identificadas posteriormente, especialmente en el ámbito del Lote 8.
La propuesta legislativa presentada al Congreso busca modificar el funcionamiento del Fondo de Contingencia para permitir que el Ministerio de Energía y Minas actualice periódicamente la relación de sitios priorizados. De esta manera, los recursos existentes podrían utilizarse para financiar estudios ambientales, elaborar planes de rehabilitación y ejecutar obras de remediación.
Las comunidades advierten que la contaminación continúa afectando directamente sus medios de vida. Los ríos, lagunas y cochas de la Amazonía son fundamentales para la pesca y la alimentación de cientos de familias indígenas, por lo que la persistencia de los pasivos ambientales representa una amenaza para la seguridad alimentaria, la salud y los ecosistemas locales.
Además, recuerdan que la modificación normativa forma parte de los compromisos asumidos por el Estado durante el proceso de Consulta Previa del Lote 8. Por ello, consideran urgente que el Parlamento debata y apruebe la iniciativa para evitar nuevas postergaciones.
Durante una movilización realizada frente al Congreso, los representantes indígenas reiteraron su pedido para que el proyecto sea priorizado en la agenda legislativa y destacaron que más de cinco décadas de actividad petrolera han dejado una profunda huella ambiental en sus territorios.
“Necesitamos la remediación de nuestro territorio. Son más de 50 años de actividad hidrocarburífera que han dejado contaminación en nuestras tierras. Lo que buscamos es sanar ese impacto ambiental que seguimos sufriendo”, concluyó Sandi Hualinga.
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