Andrés Solari | Palabras de un mudo
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El Consejo de Estado es un imaginario que convoca a las más altas autoridades de los Poderes del Estado (Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Electoral) para contemplar consensualmente acciones urgentes de gobierno ante una problemática. Usualmente también asisten los titulares de la Fiscalía de la Nación, del Tribunal Constitucional.
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Como tal es una instancia consultiva, un recurso de gobierno, pero no figura ni en la Constitución ni está institucionalizado en alguna norma legal. Todo intento de diálogo útil siempre será bienvenido aunque no esté específicamente diseñado legalmente. Así parece estar entendiéndose.
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Sin embargo, hay ciertas descripciones y reflexiones alrededor de este Consejo que no deberíamos pasar por alto fácilmente. Últimamente la Presidenta de la República ha declarado su voluntad de convocar a un Consejo de Estado para decidir la distribución de 15,000 millones de soles extraordinarios a inyectarse en el presupuesto nacional 2024.
En los últimos 20 años el CE ha sido convocado algunas veces. En el 2005 trató el caso del Andahuaylazo. En el 2014 discutió medidas anticorrupción. En el 2015 sobre asuntos de alta criminalidad en el Callao. En el 2016 nuevamente sobre anticorrupción.
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En el 2021 , cuando Sagasti, se reunió con autoridades electorales para evaluar medidas preventivas frente al COVID 19. Nuestra gobernabilidad lo entiende para tomar medidas que resuelvan conflictos nacionales significativos desestabilizadores.
También para asesorar al Gobierno Nacional en asuntos de trascendencia y su función principal es dictaminar sobre las consultas que formula el gobierno por la observancia de la Constitución, el ordenamiento jurídico y el correcto funcionamiento de la administración pública.
En mayo 2020 el grupo parlamentario de Acción Popular presentó un proyecto de ley (5133-2020) para crear el Consejo de Estado como órgano consultivo en asuntos de interés nacional relacionados con políticas de Estado y adopción de decisiones vinculantes y de manejo de crisis en situaciones de urgencia excepcional. Eso significa una reforma a la Constitución. Dicha iniciativa tiene un defecto de nacimiento.
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No considera dentro de los miembros del CE a los Gobernadores Regionales ni a los representantes de los Consejos de Coordinación Regional reconocidos en el artículo 198° de la Constitución. Tampoco contempla a los Consejos Regionales ,por lo que no sería coherente con los objetivos señalados en el artículo 6° de la Ley de Bases de la Descentralización (27783) : a) Unidad y eficiencia estatal para la distribución ordenada de las competencias públicas y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno. b) Representación política y la intermediación hacia los órganos de gobierno regional y local. c) Participación y fiscalización ciudadana en la gestión de asuntos públicos de cada región. d) Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales.
Lo que intento advertir es que se debe evitar el uso indiscriminado del Consejo de Estado, pues primero hay que cumplir con lo que ya está legislado al respecto, que aún no cumplen el Gobierno Nacional y Regionales, ni mucho menos la PCM desde el 2003, específicamente sobre representación ciudadana legitimada. Incumplimientos que son unas de las causas de las frecuentes crisis política peruana y ningún nivel de gobierno le presta la atención debida a pesar de ser delitos anticonstitucionales gravitantes.
Por ejemplo, en Ayacucho no se cumple con el funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional – CCR y de los Consejos Regionales Temáticos, ni menos el Plan Regional de Participación Ciudadana y el Plan Regional de Desarrollo Concertado, lo que nos permite plantear serias dudas sobre genuina representación cuando el GR Ayacucho asiste a los diferentes Foros de interacción gubernamental, por ejemplo ante los Ministerios, Consejo de Coordinación Intergubernamental, Congreso y en este caso al Consejo de Estado.
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Posiblemente esta duda, si no se desmiente, configura un populismo más a los ya existentes, tal como ocurrió con los tragi – cómicos Consejos de Ministros Descentralizados. Su incumplimiento anticonstitucional no le permite decir moralmente al GRA que la opinión regional que exhibe sea reflejo de opiniones consultadas y concertadas con su Pueblo a través , por lo menos, con su respectivo CCR y del Consejo Regional Temático respectivo.
Como sabemos que esa anomalía ocurre, es lógico dudar de la buena fé gubernamental regional y por lo tanto de su precariedad representativa a pesar de su condición legal de Gobernador y de su pequeño entorno de funcionarios que fungen de asesores en esos foros.
Es decir, sus actitudes no están legitimadas por las bases de consulta y coordinación que la ley ha creado para las regiones. Algo parecido está ocurriendo con los diferentes GRs del país configurándose cuadros sucesivos de populismo, autocracias y cínico despotismo que sabotean la esencia democrática participativa y el desarrollo sostenible nacional.
