Nelson Pereyra | Larga duración
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Finalmente, el resultado de las elecciones ya es definitivo. Cerca de 50.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez, una diferencia exigua que refleja el grado de polarización que atraviesa el país. A partir del 28 de julio empezará el segundo fujimorismo, una experiencia que la mayoría de peruanos espera se desarrolle dentro de los cauces democráticos.
Como se ha señalado en esta columna, la elección también deja una evidencia: el antifujimorismo, que durante más de una década fue el principal factor articulador de la oposición a Keiko, muestra signos claros de desgaste. A diferencia de las elecciones de 2011, 2016 y 2021, esta vez no logró aglutinar con la misma eficacia a un electorado diverso detrás de un único objetivo. Ni Humala, ni Kuczynski, ni Castillo tenían mucho en común entre sí; sin embargo, todos capitalizaron el voto antifujimorista. Roberto Sánchez no consiguió reproducir ese fenómeno.
Las razones son múltiples. La escasa conexión del candidato con amplios sectores del electorado, las ambigüedades al interior de Juntos por el Perú y la falta de una narrativa suficientemente movilizadora terminaron favoreciendo a la candidata de Fuerza Popular. A ello se suma un factor menos visible, pero igualmente relevante: el paso del tiempo ha relativizado, sobre todo entre los votantes más jóvenes, la memoria del gobierno de Alberto Fujimori. Esa pérdida de centralidad del pasado ha coexistido, paradójicamente, con un fujimorismo que en los últimos años ha demostrado una amplia capacidad para hegemonizar el Congreso y las demás instituciones del Estado.
La victoria de Keiko Fujimori fue estrecha, pero suficiente para abrir un nuevo capítulo político. Terminada la disputa electoral, la atención se desplaza ahora hacia el perfil que tendrá su gobierno.
Una parte de la opinión pública considera que la presidenta electa buscará marcar distancia respecto del autoritarismo asociado al régimen de su padre. Esa expectativa se sustenta en sus recientes declaraciones ante el periodista Ismael Cala, en las que aseguró ser “absolutamente institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho y de la democracia” (Perú21, 30/06/2026).
Sin embargo, otro sector es escéptico. Recuerda que el fujimorismo tiene un cariz autoritario y tiene el temor de que el nuevo gobierno reproduzca prácticas orientadas al copamiento institucional, la presión sobre organismos autónomos o el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Basa su razonamiento en las reformas impulsadas por Fuerza Popular y sus aliados del parlamento que han debilitado nuestra precaria democracia.
Precisamente por ello, Keiko Fujimori enfrenta probablemente el mayor desafío de su trayectoria política. Tiene la oportunidad de demostrar que el fujimorismo puede gobernar dentro de los parámetros de una democracia liberal, respetando la independencia de poderes y fortaleciendo las instituciones republicanas. También tiene la responsabilidad de disipar las dudas que acompañan su llegada al poder y construir una legitimidad que no puede descansar únicamente en un triunfo electoral por un margen tan reducido.
No cabe duda de que los primeros meses de gestión estarán dominados por la respuesta al fenómeno de El Niño y por la lucha contra la inseguridad ciudadana, dos de las principales preocupaciones de los peruanos. Pero el verdadero desafío será otro: reconstruir la institucionalidad democrática, condición indispensable para recuperar la confianza, atraer inversiones, generar empleo y reactivar el crecimiento económico. Sin reglas claras, instituciones sólidas y un clima de estabilidad política, difícilmente podrán cumplirse las promesas formuladas durante la campaña.
En última instancia, el éxito del nuevo gobierno no dependerá únicamente de sus indicadores económicos ni de su capacidad para enfrentar las urgencias del momento. La historia juzgará a Keiko Fujimori por una cuestión más profunda: si fue capaz de emancipar su liderazgo de la sombra del régimen de los años 90 y demostrar que el apellido Fujimori también puede asociarse con una democracia plena, con respeto irrestricto a las instituciones y con un ejercicio del poder sujeto a límites. Esa será, más que cualquier otra, la verdadera prueba de su gobierno.
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