La decisión del congreso para destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, a través de un proceso sumarísimo, no da garantías mínimas de un debido proceso porque se ha politizado la independencia del organismo que nombra, evalúa, promueve, investiga y separa a los jueces, fiscales. Por eso interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional y a los organismos internacionales.
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Del Tribunal Constitucional hay poco que esperar. Por su composición y pronunciamientos sobre varias leyes anticonstitucionales, no extrañaría que esté a favor de la destitución de toda la Junta Nacional de Justicia, por lo que el único camino que le queda a la JNJ será recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas.
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La CIDH es un organismo supranacional de la OEA, que se ha pronunciado en varios documentos, exhortando a los gobiernos, para que se den las garantías para la independencia del poder judicial por parte de los otros poderes del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo, siempre interesados en tener una justicia acorde con sus intereses políticos partidarios o personales y de grupo.
Sólo la independencia que garantice el funcionamiento libre de presiones o amenazas -directas o encubiertas- a jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, es una garantía para el funcionamiento de la democracia plena, porque permitirá el acceso efectivo a la justicia. Por eso, la independencia de la JNJ, es fundamental para garantizar la democracia en el país, que como hemos señalado en un editorial anterior, prácticamente está amenazada de muerte.
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Pero también está el camino de recurrir a las Naciones Unidas, en base al Instrumento Universal: Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, donde detallan que “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.
En otro acápite indican que “No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas” sobre las instituciones relacionadas con la judicatura, en este caso, la JNJ, cuya destitución de los magistrados que la conforman, es una decisión política, impulsada por la bancada de Avanza País, a través de Patricia Chirinos, y respaldada por mayoría en el congreso, que busca por este camino, la impunidad.
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En este caso concreto, la única forma de hacer retroceder a los congresistas de las medidas que están tomando, es a través de pronunciamientos de las instituciones de la sociedad civil, como los colegios profesionales, especialmente de abogados. Dejar pasar esto, será avalar a esta dictadura, que cada día es más represiva y dejar morir a la democracia en el país.
