Un nuevo juicio afrontará Alberto Fujimori, hoy libre gracias a un indulto observado por tribunales internacionales, que se han pronunciado sobre la improcedencia de la liberación del exdictador.
Deberá responder por otro de los delitos que estaban en el expediente para exigir la extradición de Alberto Fujimori, que ha sido admitido por la Fiscalía de Chile, para que sea investigado por la venta de armas del ejército peruano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
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Lo que pareció en su momento, resultado de una prolija investigación del Servicio de Inteligencia, cuando estaba al mando de esta institución Vladimiro Montesinos, quien incluso brindo una conferencia de prensa, acompañado por el entonces presidente Alberto Fujimori, pronto se descubrió, que esta tenía como objetivo distraer la atención, porque el armamento hallado en Colombia pertenecía al ejército peruano.
Las investigaciones realizadas desde Colombia y por la Policía en el Perú, que se impidió se hagan públicas, señalaba directamente a Vladimiro Montesinos y al dictador Alberto Fujimori como cabezas de una red de traficantes de armas, como fue la compra de un lote de fusiles y municiones para el ejército peruano, armamento que nunca ingresó al país, pero fue desviada hacia Colombia.
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Este es un grave delito tanto en tiempos de guerra como de paz. Como cuando se vendieron esas armas el Perú no tenía un conflicto armado ni lo tiene en la actualidad, la sanción que merecería el exdictador será la de 20 años de prisión, independientes de las que ya estuvo cumpliendo.
Esto significaría que el autócrata que gobernó el país junto con Vladimiro Montesinos, debería someterse al fuero militar, porque no se trata de un delito común, ni cometido por un civil. En el momento de cometer el delito, Alberto Fujimori era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Peruanas, el más alto grado en la institución castrense.
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Fujimori se encuentra libre. Sólo ha cumplido catorce, años después de haber sido condenado a 25 años de prisión. La condena que se dé por el tráfico de armas, no está considerada expresamente en la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que debería regresar al penal de Barbadillo y continuar preso, si así lo determina la sala penal.
Además, no se debe descartar que Colombia pida una extradición de Alberto Fujimori, como autor de un acto lesivo a la paz y que rompe las relaciones pacíficas entre Perú y Colombia.
