Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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Todos los años, se paga más de 1 billón de dólares de los EE.UU. en sobornos en todo el mundo, enriqueciendo a los corruptos y robándole el futuro a las próximas generaciones
Diversas publicaciones a través de todos los medios de información enfatizan que la corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues, que, a medida que se menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales.
“Las sociedades corruptas no pueden apoyar a sus ciudadanos”, dice Stuart Gilman, jefe de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción de la ONUDD. “Privan a sus hijos no solo de la comida, sino también de la educación y la atención sanitaria. Son una pesadilla continua.”
Allí donde está presente, este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos.
Aunque la pequeña corrupción no llega a ocupar los titulares de los periódicos, cabría afirmar que cuesta más que la corrupción en gran escala. “Se comete en céntimos y centavos, en libras y en euros, en billetes de baja denominación, pero ocurre una y otra vez decenas de miles de veces” dice Gilman.
Muchos pagan sobornos en efectivo o en especie para poder recibir una educación o un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa. Pero lo que consideran tan sólo una forma de arreglar las cosas es en realidad un delito. A su vez, la corrupción facilita la trata de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo.
La buena noticia es que, por muy enorme que pueda parecer la tarea, se puede poner coto a la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción brinda un marco jurídico mundial para hacerlo. Este instrumento internacional, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, ha sido ratificado por 37 países y firmado por 137. Explica Gilman, “La Convención se sirve de las mejores prácticas en todo el mundo y hace que los países que la han ratificado empiecen a aplicar esas normas”.
Los Estados partes en esa Convención tienen que cooperar recíprocamente en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, entre ellos la prevención, la investigación, la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores. También están obligados a tomar medidas en los sectores privado y público y a fomentar la labor de la sociedad civil en esa esfera.
La sociedad civil y el sector privado deben unirse a los gobiernos y adoptar una firme aptitud ante la corrupción. No cabe duda de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden dejar su marca al sensibilizar al público, ejercer presiones para que se implanten reformas eficaces y exponer las fechorías de dirigentes financieros y políticos. Las denuncias de particulares y organizaciones de todo el mundo que actúan con gran valor han provocado la dimisión, el enjuiciamiento o la condena de los implicados.
Nuestro país no es ajeno a este flagelo que va dejando consecuencias funestas en el Estado peruano donde el armazón político jurídico se va corroyendo. Somos testigos de quienes son los causantes de la actual crisis política seguida de la económica cuyas graves consecuencias se pagarán en el futuro mientras prime la ignorancia y ser cómplices de la corrupción.
Un botón de muestra sobre quienes siembran acciones que lindan con la moral, se está observando a ser elegidos como nuevas autoridades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que desde hace un buen tiempo requiere de una reingeniería y devolverla a su sitial histórico.
Se perfilan candidatos en diferentes listas, pero lo que llama la atención de que no falta candidatos obsesionados a ser Rector a como de lugar y al estilo Montesinos va mostrando una organización logística con asesores externos y alumnos incondicionales de la universidad a quienes se les entregó polos, se les ofreció desayuno y almuerzo para recolectar firmas de adherentes. Ello cuesta dinero. ¿Se puede llegar de esta manera a ser autoridad universitaria? ¿Y luego muy orondos mostrar en las redes triunfalismo con las firmas recabadas? Y el Comité Electoral debería pronunciarse si los hechos comentados son permitidos. La comunidad universitaria tiene que mostrar a través de su voto honestidad y alta moral.
