Mario Cueto | Opinión de Miércoles
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Al margen de la crisis política, nuestro país, está siendo controlado y se diría, dominado, por la delincuencia, a partir de chantajes, extorsiones, asaltos, robos, asesinatos, etc.; de tal forma que, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, prácticamente se va extendiendo y “formalizando”, bajo diversas modalidades y procedimientos. Frente a ello, se procede a la presencia física, en las calles, de cientos o miles de efectivos policiales y militares, que no son una solución para acabar con la delincuencia, con las bandas organizadas, con los extorsionadores y el sicariato; mientras no se cuente con un equipo especializado, preparado y capacitado de efectivos, que realicen trabajos de inteligencia y cuenten con una estrategia.
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Frente a este panorama, atinamos a preguntar ¿Qué hacen nuestros gobernantes? ¿por qué les tiembla la mano para tomar decisiones drásticas en salvaguarda de las mayorías? Y me parece encontrar la respuesta, en una expresión leída hace poco tiempo: “Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”. Ya el flamante cardenal del Perú, formuló una invitación a los congresistas, para que recapaciten y reformulen o deroguen esas leyes, escuchando la voz de los pueblos, la voz del Señor. Pero, existiendo, como lo dijo el propio Cardenal, signos de complicidad, difícil que los congresistas, acojan ese llamado.
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Parte del problema delictivo, lo practican numerosos congresistas, extorsionadores, chantajistas, mocha sueldos, que condicionan para seguir laborando o hacen uso indebido del personal y de los recursos; y los hay también en algunos otros sectores de la administración pública y de las organizaciones de la sociedad civil, cuando para contratar a nuevo personal o para la ejecución de obras, efectúan cobros u otras prebendas, pues esta crisis de valores, de dignidad, no solo corroe a los principales poderes del Estado; por ello habría que apelar a un término, poco común, como es la caquistocracia, que significa gobierno encabezado por las peores personas o las menos capacitadas de un país o de una institución, conforme a su procedencia griega: kakistos= peor y kratos= mandato.
Y en Ayacucho, ¿Cómo andamos en las instituciones regionales, en sus diversos sectores y en las propias municipalidades provinciales y distritales? Por ejemplo, los alcaldes ¿pueden afirmar, con mucha convicción y seguridad, que en las municipalidades que conducen, no hay cobros bajo la mesa o que ningún funcionario aporta cuotas para mantenerse en el cargo? Y que para la ejecución de obras ¿todo es transparente, sin robos bajo ingeniosas modalidades? En suma, ¿estamos lejos de toda práctica de corrupción en el gobierno regional y dependencias, así como municipalidades y otros?
