Uno de los principales cuestionamientos, tanto al Poder Judicial y de manera especial, al Ministerio Público, por parte de los operadores políticos del actual gobierno, es que los responsables del incremento de la criminalidad, son los jueces y fiscales que dejan en libertad a los delincuentes capturados por la policía.
Frente a esta campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y la Fiscalía, orquestada por el gobierno y el Congreso, con el apoyo de medios que fueron los defensores del fujimorismo en la década de los 90, la presidenta de la Corte Suprema ha demandado a los congresistas a debatir y aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
A diferencia de otros países, en el Perú no existe un sistema a donde sean derivados los sujetos que son detenidos en flagrancia, para que de inmediato sean juzgados y sentenciados, en las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional. Esto, aceleraría los procesos y permitirá enfrentar con celeridad y eficacia a la delincuencia.
Este proyecto, aprobado todavía el 12 de marzo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dada la gravedad de la inseguridad ciudadana que afecta al país, ser agendado por el congreso y debatido, en lugar de otros proyectos que pueden esperar.
Con la aprobación de esta ley, y la creación de las unidades de flagrancia, los fiscales tendrán los mecanismos para la acusación en flagrancia y los jueces las herramientas legales para juzgar con prontitud y sentenciar. Esta es una respuesta indispensable para garantizar la seguridad de las personas e instituciones.
Las frases de la presidenta de la Corte Suprema es un mensaje claro al congreso: Ellos tienen la responsabilidad de dotar al país de los mecanismos legales, con la aprobación de este proyecto de ley que establece la obligatoriedad, participación e intervención de todos los entes estatales y operadores de justicia, para que este mecanismo sea absolutamente eficaz frente a la ola delincuencial.
Si el congreso está realmente comprometido con la seguridad ciudadana a nivel del país, y de manera especial los partidos políticos que están representados en el congreso, la aprobación de este proyecto de ley, que ya ha sido aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos deberá ser aprobado y puesto en vigencia.
No esperen otras muertes, no esperen otras movilizaciones ciudadanas que toman las calles.
