La Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho (Asfah) denunció un grave retroceso en los casos de muertes en protestas contra Dina Boluarte, tras el cambio de la fiscal encargada de la investigación. Según la presidenta de la organización, Yobana Mendoza, el Ministerio Público designó a una nueva fiscal ( Rosario Quico Palomino) sin presunta experiencia en derechos humanos, pese a compromisos previos de no alterar el equipo fiscal.
“La fiscal Delia Espinoza nos aseguró que no habría cambios, que se respetaría el avance del proceso y que habría justicia rápida. Pero hoy nos sentimos nuevamente traicionados”, declaró Mendoza a Jornada.
La líder social advirtió que el cambio representa un quiebre en la confianza de las víctimas y una interrupción en un proceso que ya acumula más de dos años sin responsables identificados.
La fiscal retirada, Raquel Cárdenas, era reconocida por su experiencia en casos de derechos humanos, algo que, según Mendoza, resulta clave en este tipo de investigaciones.
“El nuevo nombramiento nos obliga a empezar de cero. Es como reiniciar la lucha, cuando ya hemos esperado demasiado”, agregó.
El malestar de los familiares se agudiza también por la reciente modificación de la Ley APCI aprobada por el Congreso, que, según organizaciones sociales, limita el acceso a asesoría legal para víctimas del conflicto social.
“Nos están dejando sin defensa. Dicen que es valiente, pero es una estrategia para silenciarnos”, denunció Mendoza.
Diversos colectivos a nivel nacional se han pronunciado en contra de lo que consideran una sistemática obstrucción a la justicia. Mendoza sostiene que el archivo de investigaciones con abundante evidencia, como ha ocurrido en casos similares, revela una conducta institucional que favorece la impunidad.
“Están archivando procesos con pruebas contundentes. Eso es inaceptable. Eso no es justicia”, afirmó.
Pese a los obstáculos, la presidenta de Asfah aseguró que los familiares mantendrán su lucha.
“Vamos a seguir, aunque cambien fiscales o modifiquen leyes. La justicia no prescribe y la verdad no se borra”, finalizó.
Las víctimas del 15 de diciembre murieron durante enfrentamientos en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El caso es considerado emblemático por organismos nacionales e internacionales que han exigido al Estado garantizar justicia y no impunidad.
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