La cancelación de 14 programas del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha pasado, casi desapercibido, en los medios. Son los trabajadores de este sector los que han denunciado esta medida, que además atenta contra la estabilidad laboral de un millar de trabajadores a nivel nacional.
Lo más significativo de la cancelación de estos programas, es que son los que benefician a las poblaciones vulnerables, especialmente rurales, que se encuentra en o bajo el umbral de la pobreza.
Entre los programas cancelados, se encuentra el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), dirigido a las comunidades campesinas de la sierra y comunidades nativas de la selva, que carecen de los servicios básicos, especialmente de agua potable o clorada y entubada, para prevenir enfermedades gastrointestinales.
La justificación del ejecutivo, es centralizar el Lima la ejecución de los programas y no descentralizarlos. Este tipo de medidas hacen que recordemos la gestión de Alberto Fujimori, quien creó el ministerio de la presidencia, con la finalidad de que este organismo haga estas obras, como parte de su campaña del año 2000.
La interrogante pertinente es preguntar: ¿Quién puede estar interesado en la futura campaña electoral? La manifestación del fin de semana pasado, acá en Ayacucho, deja muy en claro, quien maneja el Ministerio de Economía y Finanzas en este momento: es César Acuña, dueño de la membresía de Alianza para el Progreso y gobernador regional de La Libertad.
La carencia de agua potable y de los otros servicios básicos, es considerado por La Organización de las Naciones Unidas, como una de las privaciones que se utilizan para medir el nivel de pobreza de las comunidades e incluso de regiones o países.
De a acuerdo a la Plataforma del Estado Peruano, en el Perú, se calcula que por lo menos el 10% carece de agua potable. Sin embargo, en la sierra y la selva peruana, se eleva al 25 % de las familias que carecen de este servicio vital.
Esta población rural será la más afectada con las medidas dispuestas por el ejecutivo, cancelando 14 programas destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de la sierra y selva peruana.
La defensa de estos programas, está, hasta el momento, sólo en manos de los trabajadores del ministerio. Pero la lucha no es sólo de ellos. Las comunidades campesinas y nativas deberían hacer sentir su voz contra la cancelación de programas que estaban destinados a dotarlos de los servicios básicos fundamentales: agua potable y saneamiento.
