El 7 de agosto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango Claudio “Charanguito”, junto al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga “Porky”, inauguró el Hospital de la Solidaridad de Huamanga; sin embargo, el Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL), entidad que administra los hospitales de la solidaridad a nivel nacional tiene una reputación cuestionable debido a problemas como el alquiler de edificios que nunca se usan y en la Contraloría tiene gran cantidad de procesos por irregularidades.
El Hospital de la Solidaridad de Huamanga, consta de 20 especialidades entre ellas, pediatría, odontología, urología, ginecología, cirugía general, traumatología, procedimiento médico, ecografía, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, farmacia, neumología, neurología, cardiología, gastroenterología, reumatología, oftalmología, medicina física y rehabilitación.
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En el día de la inauguración, el alcalde “Charanguito”, afirmó; “Hemos suscrito un convenio, por diez años e inmediatamente renovable por otros diez años más”, así resaltó que este hospital es el más moderno de la región, pero también recordó que este sistema de hospitales tiene ya 22 años de existencia y viene desde la gestión de Luis Castañeda Locio.
Problemas del SISOL
El Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL) no goza de una buena reputación por lo menos en la región Lima y además tiene numerosas investigaciones en la Contraloría General de la República.
Un informe de Contraloría del mes de mayo del año en curso, advirtió que se viene pagando por el servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Hospital de la Solidaridad en el distrito de Miraflores en Lima, sin que a la fecha se esté prestando los servicios de salud.
Por tanto, el órgano de control advierte que se estaría generando el riesgo de pagos por alquileres sin que se cumpla la finalidad publica, así mismo afirma que en los documentos de pago no se consigna claramente a que concepto corresponde, con riesgo de generar mayores gastos.
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Elefante blanco
El 25 de junio del 2024, el SISOL alquiló un inmueble valorizado en 2 millones y medio de soles (S/. 2 590 000) en el distrito de Miraflores por un periodo de tres años, durante los cuales se prestaría los servicios hospitalarios a personas de ese distrito; además el propietario de inmueble daba periodo de gracia (no se paga alquiler) de 120 días, para que se realicen los trabajos de implementación de los ambientes.
Sin embargo, hasta la fecha el establecimiento de salud no está en funcionamiento, pero que se viene pagando el alquiler mensual de S/. 70 000; así afirma que a la fecha el SISOL ya pagó casi medio millón de soles (S/. 490 000), sin que el local esté funcionando y sin cumplirse la finalidad del servicio contratado.
Contratos para sus amigos
La Contraloría afirma que este edificio pertenece a Rosalina Clelia Cano Altez, quien es la hermana de Ruben Cano Altez, alcalde de La Victoria y afiliado a Renovación Popular, partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Designación irregular
Otro informe de la Contraloría señala que para el año 2023, se designó a Marlon Arturo Falla Castro como Jefe de la Unidad de Sistemas y Procesos del SISOL, sin que este contara con la experiencia necesaria para asumir el cargo y por tanto la Contraloría emitió un informe señalando este problema.
Esta institución informó al Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para que Marlon Falla fuera retirado del cargo al no cumplir con los requisitos exigidos por el Manual de Clasificador de Cargos del SISOL; sin embargo el funcionario no hizo caso a la Contraloría y dispuso “No ha lugar” al inicio del procedimiento administrativo, afirmando que el Currículo de Falla Castro sí cumplía los requisitos mínimos.
Este caso implica responsabilidades penales y administrativas de hasta 6 funcionarios del SISOL.
Establecimiento que no cumplen los requisitos
Otro informe de Contraloría señala que el SISOL alquiló 2 inmuebles para los establecimientos de salud en los distritos de Los Olivos y Surquillo, por más de 2 millones de soles (S/. 2 160 000) el primero y el segundo por más de 5 millones (S/. 5 400 000).
Estos establecimientos no contarían con las medidas del Reglamento Nacional de Edificaciones ni cumplen con las Normas Técnicas de Salud; además no cuentan con inspección técnica de seguridad de inmueble y se habrían entregado conformidades sin cumplir los términos de referencia.
Con respecto al Establecimiento de Salud de Surquillo, la Contraloría especifica que se brinda el servicio de salud sin las condiciones de habitabilidad adecuadas, generando malestar en los usuarios, ya que el SISOL habría alquilado un edificio de 9 pisos a la clínica oftalmológica Ñahui; sin embargo, no usa la totalidad de la infraestructura, sino que el edificio es compartido y los consultorios y están separados por rejas.
Además, la clínica Ñahui condicionó al SISOL para que no preste servicios de oftalmología y no le haga competencia; así mismo a causa de que el establecimiento de Surquillo no contaba con todas las prestaciones requeridas alquiló un segundo edificio de 4 pisos al costado, pero en el primer piso tiene farmacias propiedad de la clínica Ñahui, por lo que se beneficia a esta clínica cuando los pacientes creen que las farmacias son parte del establecimiento de salud de Surquillo.
Este caso implica a 12 funcionarios del SISOL, todos con responsabilidad penal.
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