La Defensoría del Pueblo advirtió que ningún colegio, sea público o privado, puede obligar a los padres de familia a adquirir útiles escolares, uniformes, buzos o textos en una tienda determinada ni exigir marcas específicas. Esta práctica, conocida como “direccionamiento”, vulnera la libertad de elección y puede derivar en sanciones económicas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de 2,4 millones de soles.
Durante una declaración a Jornada el jefe de la oficina defensorial de Ayacucho recordó que la Constitución prohíbe los monopolios y protege el derecho de los consumidores a elegir libremente dónde comprar. En ese marco, condicionar la matrícula o permanencia del estudiante a la adquisición de productos en proveedores específicos atenta contra derechos fundamentales y contra las normas de protección al consumidor.
La entidad precisó que los colegios no pueden exigir la compra de textos escolares en paquetes cerrados ni imponer su adquisición total al inicio del año académico. La entrega de materiales debe ser progresiva y en función del avance curricular. Además, aclaró que el uso de uniforme no es obligatorio por ley; en el caso de instituciones privadas, cualquier acuerdo con los padres debe ser razonable y acorde a factores como clima y temporada.
El organismo señaló que corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) supervisar y sancionar estas conductas. Las multas pueden alcanzar hasta 450 UIT, dependiendo de la gravedad de la infracción. En una primera etapa, el procedimiento puede ser conciliatorio; de no prosperar, se inicia un proceso administrativo sancionador.
A nivel nacional, el gasto escolar representa una carga significativa para los hogares. Según reportes oficiales difundidos en campañas de inicio de clases, el desembolso en útiles, uniformes y materiales puede superar los 1.000 soles por estudiante en colegios privados y bordear varios cientos de soles en instituciones públicas, lo que impacta especialmente en familias de ingresos medios y bajos. En ese contexto, la imposición de proveedores o marcas eleva los costos y restringe la posibilidad de buscar alternativas más económicas.
La Defensoría informó que, ante cualquier vulneración, los padres pueden acudir al Indecopi, a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), a las direcciones regionales de Educación o a la propia Defensoría del Pueblo para presentar quejas o solicitar acompañamiento. Desde la institución precisaron que su labor es principalmente preventiva y de supervisión del cumplimiento de deberes por parte de las autoridades administrativas.
El mensaje final fue claro: ninguna institución educativa puede condicionar el acceso o permanencia del estudiante a compras direccionadas. Ante cualquier irregularidad, los padres deben denunciar para activar los mecanismos de control y garantizar el respeto a sus derechos.
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