El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha una serie de restricciones electorales que regirán en todo el país durante los días previos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Las medidas forman parte del marco normativo diseñado para garantizar el normal desarrollo de los comicios y preservar la transparencia del proceso electoral.
La primera restricción entró en vigencia el 1 de junio con la prohibición de difundir o publicar encuestas de intención de voto a través de los medios de comunicación. La medida busca evitar que nuevos sondeos influyan en la decisión de los electores durante la etapa final de la campaña.
Asimismo, desde las 00:00 horas del 5 de junio quedarán prohibidas las reuniones, concentraciones y manifestaciones de carácter político en todo el territorio nacional. La disposición forma parte del periodo de reflexión previo a la jornada electoral.
Un día después, desde las 00:00 horas del 6 de junio, se suspenderá toda forma de propaganda electoral, dando inicio al denominado silencio electoral que precede a la votación.
Entre las medidas más conocidas figura la denominada “ley seca”, que comenzará a aplicarse desde las 08:00 horas del 6 de junio y se extenderá hasta las 08:00 horas del 8 de junio. Durante ese periodo estará prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el país.
La restricción impactará directamente en bares, discotecas, pubs, peñas y otros establecimientos dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas, los cuales deberán adecuar sus actividades a la normativa electoral vigente.
Durante el día de la elección también se aplicarán restricciones especiales alrededor de los centros de votación. Entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde estarán prohibidas las concentraciones, reuniones o actividades políticas dentro de un radio de 100 metros de los locales electorales.
El JNE explicó que estas disposiciones buscan garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, orden y libertad, sin presiones externas ni actos que puedan alterar el desarrollo de la jornada electoral.
Las labores de fiscalización estarán a cargo de los organismos electorales, la Policía Nacional y las autoridades locales, quienes realizarán operativos para verificar el cumplimiento de las restricciones y aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracciones.
Con estas medidas, el organismo electoral busca asegurar que la segunda vuelta presidencial se desarrolle bajo condiciones de transparencia y respeto a las normas democráticas que regulan el proceso electoral peruano.
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