La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley N.° 14337/2025-CR, iniciativa que propone incorporar de manera específica los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal peruano. La medida obtuvo 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, en medio de un intenso debate político y jurídico sobre sus posibles efectos en casos vinculados a derechos humanos y terrorismo.
La propuesta legislativa plantea la creación del Capítulo VI del Título XIV-A del Código Penal bajo la denominación “Delitos de lesa humanidad”. Además, incorpora el artículo 324-A, el cual establece una definición expresa de esta figura jurídica conforme a estándares nacionales e internacionales.
Según el texto aprobado, se considerará delito de lesa humanidad a conductas como homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación sexual, desaparición forzada y tortura cuando estos actos sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho contexto.
El dictamen también fija penas severas para los responsables de estos crímenes, estableciendo condenas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua. La aplicación de las sanciones máximas dependerá de que se acrediten elementos como la sistematicidad de los hechos y la afectación directa a civiles.
Uno de los puntos centrales de la propuesta señala que, si un caso no cumple con los requisitos establecidos para ser considerado de lesa humanidad, deberá procesarse como delito común bajo las normas penales ya vigentes. Este aspecto fue defendido por sectores parlamentarios que consideran necesario fortalecer el principio de legalidad en el sistema judicial peruano.
Durante el debate, el congresista Fernando Rospigliosi, autor de la iniciativa, sostuvo que el proyecto responde a recomendaciones del Tribunal Constitucional y busca precisar el alcance de estos delitos de acuerdo con el Estatuto de Roma. Asimismo, cuestionó que la figura haya sido aplicada principalmente contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en procesos relacionados con la lucha contra el terrorismo.
La propuesta generó posiciones divididas dentro de la comisión. La congresista Ruth Luque expresó su rechazo al considerar que la norma podría abrir espacios de impunidad en investigaciones por violaciones a los derechos humanos. En contraste, legisladores como Gladys Echaíz, Patricia Juárez, Adriana Tudela y José Williams defendieron la iniciativa argumentando que el país necesita reglas claras y previamente tipificadas para evitar interpretaciones arbitrarias en los procesos judiciales.
El presidente de la comisión, Arturo Alegría, señaló finalmente que la reforma busca cerrar una “deuda normativa” pendiente en el país y brindar mayor certeza jurídica respecto al tratamiento de los delitos de lesa humanidad en el sistema penal peruano.
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