Anuncios contradictorios. Mientas que la dirección del partido Obras, presidido por Ricardo Belmont, anuncia que conformará una coalición con Juntos por el Perú y Ahora Nación, los diputados y senadores de ese partido, estarían negociando por su cuenta con Fuerza Popular para la conformación de las Mesas Directivas del Congreso en diputados y senadores.
Esto no debe sorprender, porque desde que los partidos perdieron su legitimidad y se convirtieron en organización meramente electoreras, la fidelidad de los electos como congresistas, sean senadores o diputados, es negociable.
La historia del congreso, desde la última década del siglo XX, bajo el régimen autoritario de Alberto Fujimori, demuestra que la práctica del fujimorismo se caracterizó por “comprar votos” de congresistas -ahora será de diputados y senadores- para alcanzar a mayoría absoluta en las dos cámaras.
Dentro de esta lógica se entiende la conducta de los senadores y diputados electos del partido Obras. Sin ningún reparo la “vocera” de los diputados y senadores de Obras, han indicado que se están reuniendo con representantes de Fuerza Popular para conformar las mesas directivas del parlamento.
El transfuguismo se ha convertido en una práctica en el congreso peruano. La compra de los votos de Luis Cáceres y de Alberto Kouri, ambos electos en el partido de Toledo en las elecciones del 2000, generó un escándalo nacional, cuando el video del soborno fue difundido por Luis Iberico.
Con los votos de los senadores de Obras -y se pueden sumar los de Buen Gobierno de Nieto- el fujimorismo tendrá el control de ambas cámaras en los próximos 5 años. La esperanza de que las leyes pro crimen y de impunidad sean derogadas, quedará para el olvido.
Keiko Fujimori no espera gobernar solo un quinquenio. Para cumplir con las metas que se propuso su padre, en el Plan Verde, requiere por lo menos 10 años, es decir dos periodos completos, porque está pendiente la venta de algunos activos del estado.
Asimismo, la denuncia (retiro) del Perú de los organismos de Derechos Humanos de nivel internacional, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, están en la agenda del fujimorismo. Ya nada ni nadie lo impedirá.
Son tiempos duros los que se avecinan para los defensores de Derechos Humanos y para las víctimas y deudos de los asesinados cometidos durante el conflicto armado interno y durante las movilizaciones contra Dina Boluarte.
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