El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Wilber Vega, señaló que los proyectos de inversión pública que permanecen paralizados durante muchos años atentan y vulneran los derechos fundamentales de la población beneficiaria. Precisó que desde su despacho solicitó información al Gobierno Regional de Ayacucho y a los gobiernos locales sobre la cantidad real de obras paralizadas, con el fin de elaborar un ranking y focalizar las obras de infraestructura hospitalaria y educativa.
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Asimismo, indicó que en la evaluación se encontraron obras paralizadas desde hace muchos años, las cuales perjudican a la sociedad en su conjunto. Además, en los últimos meses se alertó que algunas entidades mantienen deudas con los trabajadores, situación que afecta la economía familiar, por lo que están sosteniendo comunicación con los servidores públicos para que cumplan con dichos pagos.
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“Hay muchas obras paralizadas; algunas están por reiniciar y otras no tienen fecha. Sin embargo, tienen muchos retrasos y no se están cumpliendo con las fechas programadas. Se dice que esto se debe a la falta de presupuesto, pero cada obra debe tener su certificación presupuestal y la autoridad debe estar en condiciones de gestionar los recursos de manera oportuna”, precisó.
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Acotó que una obra paralizada vulnera los derechos fundamentales de las personas. En el caso de infraestructuras educativas, se vulnera el derecho de acceso a una educación de calidad y a recibir una educación en condiciones adecuadas. Del mismo modo, en infraestructuras hospitalarias se vulnera el derecho de acceso a la salud en condiciones dignas.
