El hostigamiento sexual en universidades e institutos superiores continúa siendo una problemática presente y poco visibilizada en Huamanga, según testimonios recogidos por organizaciones de la sociedad civil. Pese a la existencia de denuncias previas y normas que sancionan estas conductas, se advierte que la respuesta institucional aún resulta limitada.
Mirella, integrante del colectivo feminista Colores de Resistencia, señaló que durante el último año se registraron diversos casos de hostigamiento sexual, algunos de ellos protagonizados por docentes y que incluso alcanzaron difusión pública. Sin embargo, indicó que estos hechos no han generado acciones sostenidas por parte de las autoridades para prevenir o sancionar de manera efectiva.
La problemática, según explicó, no afecta únicamente a estudiantes mujeres, sino también a varones, personal administrativo, docentes y miembros de la comunidad LGTBIQ+, lo que amplía el alcance del impacto dentro de los espacios educativos.
Desde el colectivo, además, se informó que han recibido testimonios de presuntas víctimas que optan por no denunciar por temor a represalias o por desconocimiento de los mecanismos existentes. En ese contexto, recordaron la vigencia de la Ley N.º 29988, que establece sanciones como la destitución para docentes implicados en casos de hostigamiento sexual.
Ante este escenario, organizaciones sociales han comenzado a impulsar iniciativas de sensibilización. Una de ellas es un concurso de pintura promovido por Colores de Resistencia, con apoyo de instituciones como Manuela Ramos y el Consejo Provincial de la Juventud de Huamanga, que busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir estas conductas y promover entornos seguros en la comunidad universitaria.
Finalmente, desde el colectivo se planteó la necesidad de que las autoridades educativas refuercen las medidas de prevención, atención y sanción, así como la difusión de canales de denuncia, especialmente en el contexto del inicio del año académico.
El tema, según coinciden diversas voces, sigue siendo un reto pendiente para las instituciones de educación superior, en un contexto donde las denuncias existen, pero la visibilidad y respuesta institucional aún generan cuestionamientos.
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