La Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio Luis Carranza denunció este lunes el grave riesgo que enfrentan más de dos mil estudiantes que asisten diariamente a una infraestructura deteriorada y exigieron a las autoridades regionales una solución inmediata.
“Es lamentable que todos los días estemos pidiendo ayuda, rogándoles a las autoridades que se acerquen y nos den una solución”, declaró la María vicepresidenta de Apafa en entrevista con Jornada. La dirigente encabezó una protesta en la propia institución educativa, reclamando la presencia del gobernador Wilfredo Oscorima y de la vicegobernadora.
Los padres expresaron su indignación luego de que funcionarios del Gobierno Regional reconocieran los daños, pero afirmaran que no existe presupuesto para intervenir.
“¿A qué han venido para decirnos tan solo eso? Nos sentimos burlados”, sostuvo la representante.
La Apafa rechazó que se planteen solo refacciones o mantenimientos menores en la infraestructura.
“Queremos una solución inmediata. Las columnas están a punto de colapsar, las maderas están apolilladas. ¿Qué está esperando el señor gobernador? ¿Que se caiga todo el colegio y mate a nuestros estudiantes?”, advirtió.
Asimismo, los padres denunciaron la falta de un plan de contingencia para reubicar a los alumnos mientras se ejecuta una obra nueva.
“Desde el año pasado estamos buscando espacios y todos nos han negado. El gobernador tiene que preocuparse por la educación y buscar ese plan. No vamos a permitir las clases virtuales”, precisaron.
La dirigencia de Apafa hizo un llamado a toda la comunidad educativa, incluidos exalumnos y docentes, para unirse en la demanda de un colegio seguro. En especial, invocaron al defensor del Pueblo, exalumno de la institución, a respaldar su causa.
“Doctor, ayúdenos en nombre de todos los padres de familia. Vamos, luchemos hasta que se construya nuestro colegio”, exhortaron.
El colegio Luis Carranza alberga actualmente a más de 2,000 estudiantes distribuidos en turnos de mañana y tarde, quienes continúan expuestos a un riesgo estructural mientras esperan una respuesta concreta de las autoridades.
