La resolución emitida por la Contraloría General de la República para que los gobernadores y alcaldes rindan cuentas de sus cuatro años de gestión, parece ser una disposición que pondría a estas autoridades en una suerte “juicio de residencia” que rendían los virreyes ante el rey de España al término de su mandato.
Nada de eso sucederá. Las autoridades que terminan su mandato se limitarán a una narrativa de su gestión, una suerte de documento para que se apolille en los estantes del gobierno regional y de las municipalidades.
Alcaldes y gobernadores deberán rendir cuentas al concluir sus mandatos
No será motivo de evaluación de parte de funcionarios independientes -que podrían ser designados por la Contraloría- sino que la harán ante las autoridades que serán elegidas en las elecciones regionales y municipales de este año.
Lo que espera la contraloría, es que las autoridades salientes indiquen en que utilizaron los recursos, que transfirió el gobierno nacional y los ingresos propios recaudados en los cuatro años, que estuvieron al frente del gobierno regional o los gobiernos locales.
En esa medida, las autoridades salientes tendrán la obligación de señalar en qué estado se encuentran las obras, que debieron ejecutarse durante su gestión. Cuáles están concluidos, y las inconclusas, explicando el avance de las mismas y las razones del atraso.
Hay que explicar a muchos ciudadanos que estas obras no han sido “regalo” del gobernador ni de los alcaldes. Ellos han sido solo los encargados de administrar recursos del estado -es decir el dinero recaudado por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos- para que estas autoridades cumplan con ejecutar las obras.
Hacemos esta aclaración, porque muchas personas a quienes se les indica que alguna autoridad se apropió de dinero y materiales cuando ejecutaban una obra, responden: “de que te quejas, acaso esa plata era tuya”. Hay que decirles, que condenamos esos hechos, porque el dinero destinado a una obra, es de todos los peruanos.
Y cuando denunciamos la corrupción, lo hacemos porque el dinero del estado está destinado para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y no para que unos cuantos funcionarios corruptos se apropien de estos recursos para hacerse millonarios.
Ojalá ingresen consejeros y concejales al gobierno regional y a los municipios, para que hagan la investigación posterior y denuncien ante la contraloría y la fiscalía todos los hallazgos que encuentren en esta rendición de cuentas.
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