El primer efecto de la ley No. 32735, propuesta, sustentada y promulgada por Fernando Rospigliosi se ha convertido en el principal obstáculo para que los familiares de los 50 peruanos asesinados durante las protestas de los meses de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo del 2023, así como de otras personas muertas en movilizaciones sociales o dentro de instalaciones policiales, no se reunirán con Keiko Fujimori.
Los familiares señalaron, que la promulgación de esta ley conocida como de impunidad, por el encargado de la presidencia del Congreso, es una clara demostración de que el fujimorismo no tiene interés en defender la vida de los peruanos y que ahora se encuentran en mayor peligro.
Como ha señalado JORNADA, opinión que comparte con otros medios nacionales y regionales independientes de las grandes corporaciones mediáticas, estas leyes disponen que todos estos hechos, en los que han perdido la vida decenas de peruanos en manos de la policía o efectivos militares, sean tratados en la justicia militar y no en la justicia ordinaria, justificando que se tratan de delitos de función.
La oposición a estas leyes ha sido uno de los argumentos de las organizaciones de centro derecha, centro izquierda, del progresismo y de la izquierda. La posibilidad de que sean derogadas por el propio congreso, será casi imposible, dado que el fujimorismo contará con el apoyo de Renovación Popular, y -aunque Jorge Nieto de Buen Gobierno no afirme ni lo niegue- de los votos de su bancada
La reconciliación a la que hacen mención tanto Keiko Fujimori, así como Jorge Nieto, no será posible si no se dan muestras realmente de que ese es el interés del nuevo gobierno. La promulgación de las leyes de impunidad, ha sido para los familiares de las víctimas de la represión a las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, una respuesta adelantada: no habrá sanción para los responsables.
¿Qué se requiere para que haya una verdadera reconciliación? El primer paso es el reconocimiento de hecho que ha generado las muertes de ciudadanos peruanos por efectivos policiales y militares, y en ese sentido, pedir perdón. No lo ha hecho el fujimorismo y por el contrario el senador electo de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sigue calificando a las víctimas como terroristas.
No hay reconciliación sin justicia, La promulgación de las leyes de impunidad demuestran que Keiko Fujimori, no busca la reconciliación.
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