Miles de personas -se calcula más de 22 mil- desaparecieron en el Perú luego de haber sido detenidas en batidas realizadas por instituciones del estado dedicadas a la lucha antisubversiva, secuestradas de sus domicilios en horas de la noche durante el toque de queda en las regiones declaradas en emergencia y bajo comandos político militares.
Durante más de 40 años, los familiares de estas personas están exigiendo justicia, que se traduce en varios aspectos, siendo el principal la reparación expresada en la entrega de los restos de estas personas desaparecidas y que fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado y enterradas en fosas comunes o lugares de entierro durante los años del conflicto armado interno.
Este ha sido uno de los crímenes de lesa humanidad que el Perú ha reconocido sobre la base del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reparación, y que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple en investigar y realizar todo el protocolo que permite la ubicación y exhumación de los restos para entregarles a los familiares, y estos puedan darles una cristiana sepultura.
El antropólogo Carlos Iván Degregori señalaba que la desaparición de las personas es uno de los mayores dramas que arrastramos como sociedad los peruanos, y lamentó que existan gobernantes y ciudadanos que no entiendan el dolor de las familias que han sufrido el secuestro-detención de un familiar y que luego, las instituciones del estado se han negado a reconocer su responsabilidad en el destino final de los detenidos en instalaciones del estado.
En Ayacucho, fueron lugares de detención y desaparición de personas establecimientos donde se instalaron bases antisubversivas, siendo las más conocidas la Casa Rosada, el Cuartel Los Cabitos, las bases militares de Totos, Pampa Cangallo, Cangallo, Huancapi, Pichari, Sivia. También la base de la Marina en el estadio de Huanta.
La reconciliación entre los peruanos y las instituciones del estado tiene en este gesto -de ubicación, exhumación y entrega de los restos a sus familiares- un valor que muchos aún no entienden. Se trata de peruanos que posiblemente nunca se han preguntado sobre el dolor de las familias que fueron afectadas por la desaparición del padre, hermano, hijo de un momento a otro, y que luego negaron que lo tenían detenido.
El Estado a través de la CVR, como entidad nombrada por el Estado ha realizado eventos y el presidente Alejandro Toledo a nombre del estado pidió perdón. Pero los responsables de estos crímenes de lesa humanidad no lo han hecho hasta la actualidad -muchos ya han fallecido- y menos las instituciones.
Por el contrario, muchos siguen indiferente a este drama y hasta lo justifican, terruqueando a los familiares de las víctimas.
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