regionales y municipales Publica informes sobre ello. Recientemente publicó en internet el Informe 09 sobre las ERM 2022. Loable prontitud. Felicitaciones. Denota calidad informativa y sistematización. Sin embargo, me atrevo a pensar que dicho Informe tendrá la misma mala suerte que los anteriores, por carecer de RECOMENDACIONES que señalen un Norte para incidir en rectificaciones, o perfeccionamiento previsor oportunos de la legislación electoral ante debilidades y ausencias que diagnostican.
El JNE tiene suficiente autoridad legal, experiencia acumulada, legal y científica para plantear iniciativas legislativas correctoras como ente Rector Eleccionario. Parece que existe una reticencia de los otros Poderes Públicos a esa misión educativa y formativa cívica. Hace pensar, que dichos respetables informes configuran” AUTOPSIAS” de muertes anunciadas implícitas en nuestra confusa legislación electoral.
Pero las “autopsias” arrojan datos de causales de defunción útiles para evitar, prevenir o disminuir irregularidades en siguientes elecciones. Síntomas, causales o defunciones o disfunciones electorales, que se deducen de los Informes JNE. Por tanto, generan el reto de promover rectificaciones urgentemente necesarias. Otra deducción es recordar que hace algo más de diez años atrás, el JNE y la ONPE plantearon al Congreso reformas radicales en nuestra legislación electoral, que de haberlas atendido oportunamente, diligentemente, patrióticamente nuestros representantes congresales y Consejeros Regionales hubieran elevado la calidad y exigencias electorales hacia indicadores más razonables y democráticos. Recordemos que allí también se planteaba la Dación de un Código Electoral que compendiaría o unificaría las diversas y confusas y distorsionadoras leyes electorales existentes.
Esto demuestra que para el Poder Legislativo nacional ni regional la problemática electoral no viene siendo prioridad. Problemática que sigue generando multiplicidad de autoridades no aptas; organizaciones políticas falsarias; impunidades de gestiones públicas inclinadas al oscurantismo y personalismo (con sus respectivos segundones), por tanto, propicio a la corrupción y a la ineficacia; candidaturas dudosas y planes de gobierno y promesas electorales ligeras e improvisadas; inscripciones en vísperas demasiado cortas; subastas para decidir el lugar de ubicación en las listas; alianzas electorales híbridas; industrialización electoral insensata y aberrante del concepto Obras o Infraestructura; ausencia del Planeamiento Estratégico y sin Visión de Desarrollo con Prospectiva; cronogramas electorales inadecuados, favorables a las organizaciones políticas pero ajustados o apremiantes y desfavorables para la información al ciudadano, el discernimiento del sufragante y la transparencia pertinentes.
Si de Educación y Formación Cívica se trata, ¿porqué no adecuar o considerar exigencias que permitan garantizar o respetar criterios para el cumplimiento a puntos estratégicos de las leyes de Descentralización y Gobernabilidad y Fortalecimiento o empoderamiento civil en la gestión pública regional y local?, pilar básico en la nueva estructura estatal democrática del país, a partir del 2003, pero hasta ahora siempre desoído , soslayado o mal entendido, mayoritariamente maliciosas, por las organizaciones políticas, las candidaturas y resultantes autoridades regionales y locales que confluyen en complicidad con organismos del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente los entes adscritos a la PCM.
Superar esta problemática significa elevar la calidad del voto, acercarse al ideal del VOTO INFORMADO, para evaluar cada vez con mayor certeza, las diversas opciones que se presentan, pero nunca esclarecido. Al JNE le toca poner en funcionamiento todo su Poder estatal para que los procesos electorales califiquen la ideal finalidad constitucional (art°176) de “… asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica , libre y espontánea de los ciudadanos”… Voluntad ciudadana igualitaria, solidaria y esperanzadora, basada en una razonable cultura ciudadana homogénea y mayoritaria hacia un país visionario de bienestar y desarrollo sostenido.
Sacudámonos dignamente e inteligentemente del estigma en que nos encontramos prisioneros como democracia defectuosa , tratando siempre de aplicar racionalmente o razonablemente la esencia del Derecho Público y Privado, sin discriminaciones.
