Los conflictos son del tipo socioambiental y que, principalmente, se dan en el sur como Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara; además, son comunales y de demarcación territorial.
Entre los principales conflictos socio ambientales, figura la contaminación minera de las cabeceras de cuenca y terrenos productivos en las provincias del sur que se mantiene desde el 2019.
Algo similar ocurre entre la comunidad de Chiquintirca en la provincia de La Mar con la empresa Transportadora de Gas del Perú – TGP y el transporte de minerales que desarrolla la empresa minera de Catalina Huanca en Lucanas, ambos datan del año 2017.
En este reciente reporte también se incluye el conflicto en la comunidad campesina de Vinchos, con sus 29 anexos que demandan a la empresa TGP por la construcción de gasoducto que causó daños territoriales, un problema que sigue vigente desde el 2013.
Al igual, que la denuncia entre la misma empresa y Perú LNG sobre la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades del 2012.
Sumado a ello, es lo que sucede en la comunidad de Taca (Fajardo) con la minera Catalina Huanca sobre la renegociación del contrato de servidumbre celebrado el 14 de mayo de 2007, por incumplimiento de algunos compromisos sociales, laborales y ambientales.
Es importante las mesas de diálogo e intervención de las instancias competentes para la prevención de conflictos sociales. Uno de los casos más resaltantes se suscitó en el sur, donde hubo decenas de detenidos e innumerables daños materiales ante el rechazo de la minería.
