El pleno del Congreso de la República debatirá este jueves 13 el dictamen que modifica la Ley 27692, norma que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para establecer un nuevo marco sobre el uso de recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que la Junta de Portavoces ha priorizado este debate, destacando que la propuesta busca fortalecer la supervisión y la transparencia en la ejecución de estos fondos. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil consideran que la verdadera intención es restringir la operatividad de las ONG que trabajan en derechos humanos, democracia y medio ambiente.
La Asociación Civil Transparencia manifestó su preocupación, afirmando que esta modificación representa «un grave atentado contra la libertad de organización y participación ciudadana» y asemeja el control político de gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Rusia. Otras organizaciones han advertido que la medida podría afectar el financiamiento de proyectos sociales en educación y salud, perjudicando a poblaciones vulnerables.
Mientras tanto, Salhuana también cuestionó la falta de diálogo entre la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los demás poderes del Estado. En referencia a la denuncia constitucional que impulsa Renovación Popular contra Espinoza, el titular del Legislativo lamentó la «tensión» entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y afirmó que la fiscal «no ha tenido una actitud cordial para generar una relación armoniosa con el Congreso».
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