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jueves, julio 18, 2024
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Contraloría detecta irregularidades en el PESCS

Siete funcionarios y trabajadores tendrían responsabilidad penal, civil y administrativa por estos hechos

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), que involucra a siete funcionarios y trabajadores de dicha dependencia, quienes tendrían responsabilidades de tipo penal, civil, administrativa y proceso administrativo sancionador (PAS), el cual se evidenció en la auditoría de cumplimiento y controles específicos.

IRREGULARIDADES.

Entre los principales documentos emitidos, destaca el Informe de Control Específico N.º 038-2023-2-3390-SCE, realizado al PESCS sobre hechos con presunta irregularidad en la adquisición de compresora neumática, para el proyecto: de creación del servicio de agua en el sistema de riego Antabamba, distrito de Antabamba, departamento de Apurímac, adjudicación simplificada N° 002-2023-MIDAGRI-PESCS-CS.

La Comisión Auditora, concluyó que el comité de selección de la adjudicación simplificada N° 002-2023-MIDAGRI-PESCS-CS, a pesar que el postor Importaciones Mavalci EIRL no acreditaba fehacientemente con autorización de concesionario de la marca en el Perú o distribuidor, tampoco poseía experiencia en la especialidad; cuyos requisitos eran obligatorios para determinar que el postor contaba con las capacidades necesarias para la ejecución del contrato, por unanimidad procedieron a calificar, evaluar y otorgar la buena pro al mencionado postor por el monto de 199 mil 700 soles.

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Asimismo, de manera irregular, se emitió la carta N° 002-MIDAGRI- PESCS-AS002, de fecha 17/05/23, mediante el cual notificaron su decisión de otorgamiento de la buena pro a pesar de que el postor Corporación Zeus Inversiones SAC había formulado su denuncia señalando que el postor Importaciones Mavalci EIRL no era concesionario ni tenía experiencia en la especialidad; cuyo hecho hizo que la entidad suscriba el contrato N° 081-2023-MIDAGRI-PESCS del 26/05/23; afectando el correcto desarrollo de la contratación pública, haciendo prevalecer los intereses privados sobre los intereses del Estado.

Además, el especialista en Abastecimiento y Servicios Generales, en su condición de órgano encargado de las contrataciones, lejos de corroborar la veracidad y exactitud de los documentos presentados por el denunciante Corporación ZEUS Inversiones SAC, se aboco a recabar información de los miembros del Comité de selección y del postor ganador de la buena pro Importaciones Mavalci EIRL.

Otra de las observaciones, es que en lugar de darle el tratamiento correspondiente a una denuncia, le solicitó al denunciante que cumpla con los procedimientos establecidos en el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), referidos a interposición de recurso de apelación; no obstante, el denunciante reiteró que no se trataba de recurso de apelación, sino de una denuncia, pero no realizó ninguna acción conducente a la verificación de la información presentada por el postor que obtuvo la buena pro, ni cumplió las normas correspondientes, por el contrario, el documento del denunciante fue archivado, cuyo hecho hizo que la entidad no pueda ejercer su derecho a las acciones legales correspondiente.

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Con oficio N° 315-2023-MIDAGRI-PESCS/OCI-1602 del 15/12/23, el Jefe del Órgano de Control Institucional del PESCS, remitió el Informe de Control Específico N.º 038-2023-2-3390-SCE, al director Ejecutivo del PESCS, al Francisco De La Cruz Ayala, donde comunica el inicio el Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la.

Sin embargo, a más de dos meses, hasta el momento el director del PECS no ha tomado cartas en el asunto, por el contrario, ha designado en cargos claves y de confianza a funcionarios involucrados en el mencionado proceso irregular, quienes tendrían responsabilidad, tanto penal y administrativo, como es el caso de Víctor Reonil Alarcón Núñez, quien ahora viene desempeñándose como director de la Oficina de Administración del PESCS, designado mediante Resolución Directoral N° 0366-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, avalando a que dichas irregularidades no sean castigadas con la severidad que amerita.

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Cabe precisar que los servidores inmersos en la presunta responsabilidad penal y administrativa son: Norma Meneses Rojas, directora Zonal de Cusco, Pelagia Sosa Méndez, Diana Huarancca Parado, Víctor Reonil Alarcón Núñez, Marco Antonio Córdova Arango, Félix Cisneros Flores y Fausto Mendoza Quispe.

Ante ello, se demandó cumplir con cumplir con las recomendaciones dadas por la Contraloría, a fin de evitar perjuicio a la entidad y en la ejecución de esta obra.

La Contraloría General de la República identificó a 258 funcionarios públicos de la región Ayacucho con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil, administrativa y PAS (Proceso Administrativo Sancionador).

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