A tres años de las muertes ocurridas en el aeropuerto de Ayacucho del 15 de diciembre, Tania Pariona, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y excongresista ayacuchana, advirtió que el Congreso viene aprobando normas que, según afirmó, podrían favorecer la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
Las declaraciones se realizaron este 15 de diciembre, en el marco de una jornada de remembranza por los 10 ayacuchanos fallecidos durante las manifestaciones del 2022. En ese contexto, Pariona sostuvo que el Parlamento impulsa leyes vinculadas a amnistías, prescripción de delitos y restricciones a la defensa legal, lo que —indicó— limita el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
La representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos añadió que estas normas beneficiarían a miembros de las fuerzas del orden actualmente investigados por su actuación durante las protestas. Precisó que sus cuestionamientos no se dirigen a la totalidad de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, sino a aquellos agentes cuyas intervenciones son materia de investigación fiscal y judicial.
Respecto a los hechos ocurridos en Ayacucho, Pariona afirmó que informes de organismos internacionales han advertido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, descartando que se haya tratado de enfrentamientos entre civiles. Remarcó que las muertes se produjeron en un contexto de protesta social, un derecho reconocido por la Constitución, por lo que el Estado debía garantizar la seguridad e integridad de los manifestantes.
Pariona también se refirió a recientes resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con delitos de lesa humanidad y sostuvo que, desde la perspectiva de las organizaciones defensoras de derechos humanos, los jueces mantienen la facultad de ejercer control constitucional y aplicar los tratados internacionales ratificados por el Perú.
Asimismo, destacó que los familiares de las víctimas de Ayacucho se mantienen organizados y articulados con colectivos de regiones como Puno, y ciudades como Andahuaylas y Pichanaki, donde también se registraron muertes durante protestas sociales. Según indicó, esta articulación busca evitar que los casos queden en el olvido y sostener las demandas de verdad y justicia a nivel nacional.
A tres años de los hechos, los procesos judiciales vinculados a las muertes en el aeropuerto de Ayacucho continúan en etapa de investigación y, hasta el momento, no se han emitido sentencias firmes.
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