En medio del clamor por declarar en emergencia la infraestructura educativa en Ayacucho, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) deslindó responsabilidades y atribuyó a los gobiernos regionales y municipales la elaboración de expedientes técnicos para nuevas obras escolares.
“Pronied no hace expedientes. Esa es función de los gobiernos subnacionales”, aseguró el ingeniero Mirko Pérez, representante del organismo, ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, dejando claro que sin expediente aprobado no se puede financiar ningún proyecto.
La afirmación encendió el debate, luego de que la Dirección Regional de Educación (DREA) denunciara que casi 400 colegios en la región requieren intervención urgente y que el acceso a Internet en zonas rurales es “crítico e inoperativo”.
Según Pérez, los expedientes técnicos deben ser elaborados por las autoridades locales, como establece la Ley de Bases de la Descentralización.
“El gobierno más cercano a la población es el responsable. Nosotros solo evaluamos y financiamos si cumplen los requisitos”, sostuvo.
Pronied también explicó que muchas solicitudes de Ayacucho están observadas o han sido abandonadas por falta de subsanación, lo que impide su aprobación.
“Hay proyectos con observaciones de hace cinco o diez años que nunca fueron corregidas. Eso no depende de nosotros”, advirtió.
Además, reveló que Ayacucho no figura en el plan de inversiones 2024–2025, precisamente por la ausencia de expedientes viables.
“No podemos incluir proyectos que no tienen expediente. Esa es la base mínima”, añadió Pérez.
Frente a las críticas por la supuesta burocracia del aplicativo Pronied, el funcionario respondió que el sistema solo registra y evalúa proyectos conforme a normas técnicas, y que muchas observaciones —como el ancho de una puerta— “pueden parecer menores, pero son normativas y obligatorias”.
Pero desde la DREA, la postura fue contundente. El titular del sector, visiblemente molesto, lanzó una crítica directa a Pronied:
“¿Quiénes pagamos los platos rotos de la infraestructura? Nosotros. ¿Y cuánto de presupuesto nos da el Ministerio para infraestructura? Ni un céntimo, ni un céntimo. Y acá están nuestros amigos del Pronied, eso lo saben bien”, cuestionó el director regional durante la sesión.
También denunció que Pronied exige expedientes costosos a directores escolares, como si contaran con los recursos para elaborarlos.
“Un expediente no cuesta 200 soles. Puede llegar a costar 400 mil, dependiendo de la obra. ¿Quién paga eso en un colegio rural?”, cuestionó.
En cuanto a la queja sobre los costos elevados de los expedientes —que pueden superar los 100 mil soles—, Pronied admitió que ese punto representa un desafío, pero insistió en que los gobiernos locales pueden gestionar recursos para su elaboración y luego buscar cofinanciamiento con el Ministerio de Educación
Sobre la situación específica de Ayacucho, Pérez afirmó que la región sí ha tenido intervenciones, pero que muchas de ellas se gestaron hace varios años.
“Se han culminado 13 proyectos en la región. No son recientes, pero tampoco son diez años olvidados. Hay avances”, defendió.
Finalmente, cuestionó que se pretenda responsabilizar solo al gobierno central.
“La infraestructura educativa es tarea de todos. Si no hay títulos de propiedad, agua, desagüe o expediente técnico, la obra no puede avanzar”, sentenció.
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