Una supervisión realizada el 13 de enero por la Oficina Defensorial de Ayacucho evidenció serias deficiencias en el sistema de drenaje de Huamanga y del distrito de San Juan Bautista, en un contexto marcado por el inicio de la temporada de lluvias. El recorrido permitió identificar múltiples puntos con canaletas y bocatomas obstruidas, situación que incrementa la probabilidad de desbordes e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.
Durante la inspección se constató que en zonas como Enace y la avenida Javier Pérez de Cuéllar, la acumulación de arena, lodo y residuos sólidos impide el adecuado flujo del agua pluvial, generando aniegos que ya afectan el tránsito vehicular y peatonal. En los sectores de Wari–Accopampa y Pisco Tambo, la Defensoría advirtió que el desborde de canales y del puente Wari–Accopampa podría comprometer viviendas de material rústico, elevando el nivel de exposición de la población.
La evaluación también alcanzó a Huáscahura y la Vía Libertadores, donde montículos de tierra y cunetas cubiertas de desmonte aceleran el deterioro de las vías y aumentan el riesgo de que el agua ingrese a las viviendas colindantes. En Chaquihuaicco, se identificaron canaletas colmatadas, presencia de vegetación y residuos sólidos en el cauce del río, factores que podrían desencadenar un desbordamiento ante lluvias persistentes.
De acuerdo con el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Wiber Vega Mendoza, el problema responde a una ausencia de mantenimiento preventivo y a una intervención tardía frente a las causas estructurales.
“Generalmente se actúa cuando el material ya llegó al centro de la ciudad, pero el origen del problema está en las partes altas, desde donde se arrastran arena, piedras, lodo y basura hacia Huamanga”, explicó.
El funcionario señaló que zonas ubicadas en los cerros que rodean la ciudad concentran grandes volúmenes de sedimentos, los cuales descienden con las lluvias y terminan saturando los drenajes urbanos.
“Hemos verificado que incluso lluvias que no son de gran intensidad ya están generando desbordes, lo que demuestra que el sistema se encuentra en una situación crítica”, precisó.
Durante la supervisión también se observó la falta de infraestructura segura en la Asociación Isla de Huascahura, donde los propios vecinos han construido gradas artesanales con llantas y tierra ante la ausencia de accesos formales. Estas estructuras son utilizadas diariamente por niños, adultos mayores y gestantes, pese a no contar con condiciones mínimas de seguridad.
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Municipalidad Provincial de Huamanga y a las municipalidades distritales involucradas la limpieza y descolmatación inmediata de los puntos críticos, así como la implementación de un plan integral de mantenimiento durante la temporada de lluvias. Vega Mendoza precisó que la responsabilidad corresponde a cada gobierno local, según su jurisdicción, y que el riesgo no se concentra en un solo sector.
“Todos los drenajes requieren atención urgente; no se puede hablar de zonas aisladas cuando el sistema en su conjunto está comprometido”, sostuvo.
La institución otorgó un plazo de seis días para que la municipalidad provincial informe sobre las acciones adoptadas y anunció que realizará seguimiento a las recomendaciones emitidas. De no atenderse, advirtió, se estaría frente a una omisión de funciones que podría derivar en mayores riesgos para la población.
A nivel nacional, informes de la Contraloría General de la República han señalado de manera reiterada que la falta de mantenimiento de drenajes urbanos y la ausencia de planes preventivos figuran entre las principales causas de inundaciones durante la temporada de lluvias. Estas observaciones coinciden en que la respuesta reactiva, en lugar de preventiva, incrementa los daños a la infraestructura y la vulnerabilidad de las familias.
La Defensoría del Pueblo informó que viene realizando seguimiento a las recomendaciones emitidas y a los plazos otorgados a las autoridades locales.
“Esperamos una respuesta favorable, porque estas acciones no son para una institución en particular, sino para evitar riesgos que afectan a toda la ciudadanía”, concluyó Vega Mendoza.
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