No necesitó decir en voz alta que el gobernador regional Wilfredo Oscorima miente, cuando afirma que Ayacucho es la región más segura. Lo ha hecho con la sutileza de quien utiliza un bisturí para sacar un tumor y no un cuchillo de carnicero.
Su respuesta ha sido contundente: convocar al Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, ante la creciente ola de extorciones, asaltos, robos, agresiones, atentados terroristas e incluso asesinatos cometidos por sicarios o personas que viven al margen de la ley, contra pacíficos ciudadanos.
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Convoca a una reunión provincial de Huamanga, que es la capital de la región, donde está la ciudad más poblada del departamento que llega casi al 40% de la población total de Ayacucho. ¿Y las demás provincias? Hay por supuesto inseguridad, pero no al nivel de la ciudad capital.
El 2024, tiene cifras que deberían tenerse en cuenta, pero no sólo por los delitos comunes, sino por los cometidos por funcionarios públicos, ya que la impunidad de estos actos es la justificación que tiene el joven para transgredir las normas legales.
Es que el mal ejemplo de los congresistas, por ejemplo, de esos 11 que aprovechan de su condición de congresistas para cobrar un doble sueldo, se pierde total autoridad cuando se les condena por haberse apropiado de un bien ajeno: el mal ejemplo de los delincuentes de cuello y corbata hace que el país sea inviable.
En el país, y especialmente en las regiones del norte, parece que el Estado ha claudicado ante las bandas criminales que controlan la vida de todos los ciudadanos, que aceptan este doble poder: el poder del estado, que se supone tiene el monopolio de la violencia legal y del cobro de impuestos, también legal.
Porque las organizaciones criminales ejercen su poder a través de la violencia ilegal y son obedecidos por los ciudadanos, especialmente por los que tienen pequeños negocios, a quienes estas organizaciones criminales les cobran “impuestos ilegales” conocidos como cupos.
Así, el mototaxista, la vendedora del mercado, el ambulante que está en las afueras de los centros comerciales, todos están empadronados, no por la municipalidad sino por las mafias que controlan las actividades económicas y la vida de los ciudadanos.
No hemos llegado a ese nivel, pero en la medida que la corrupción avance y arrastre a más instituciones, las organizaciones criminales, que ya controlan el congreso de la república, comenzarán a actuar para beneficiarse de lo recaudado por “brindar seguridad” a los comerciantes de mercados, ambulantes y mototaxistas.
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