Docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) alzaron su voz este viernes 20 de junio frente a la puerta N°1 de la universidad, en rechazo al Decreto Supremo 005-2025, norma que elimina la obligatoriedad de contratar profesionales de trabajo social en empresas con más de 100 trabajadores.
La directora de la escuela profesional, Geraldine Avilés Peña, encabezó la movilización y calificó el decreto como un grave retroceso en materia de política laboral y bienestar social.
“Estamos retrocediendo más de 50 años. Esta norma ignora el rol fundamental del trabajador social en el bienestar laboral y en la productividad del país”, afirmó.
Hasta antes del nuevo decreto, la Ley 009-65-TR exigía que, por cada 100 trabajadores, una empresa debía contar con un profesional de trabajo social.
“Eliminar esa obligación es no solo quitar espacios laborales a nuestros egresados, sino afectar directamente las condiciones de trabajo y calidad de vida de miles de peruanos”, añadió Avilés Peña.
La protesta fue parte de una acción nacional que convocó a todas las universidades con programas de trabajo social. En Ayacucho, la comunidad universitaria marchó por el centro histórico pidiendo la derogación inmediata de la norma.
“Pedimos a la ciudadanía que se sume. Este no es un problema solo de los trabajadores sociales, es un golpe a todo trabajador que merece un entorno laboral saludable”, sostuvieron los estudiantes.
La directora también cuestionó el desconocimiento de las autoridades sobre el impacto de esta decisión.
“Parece que hay mucha ignorancia en nuestros gobernantes. Nos estamos convirtiendo en un país que retrocede, que renuncia a la ciencia, al desarrollo humano y al valor agregado. Esto es una agresión al progreso”, sentenció.
La Escuela Profesional de Trabajo Social de la Unsch anunció nuevas acciones de protesta y articulación con otras casas de estudio.
“No permitiremos que se siga legislando contra el bienestar de los trabajadores y contra la formación profesional con enfoque social. Este decreto debe ser derogado”, concluyó Geraldine Avilés Peña.
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