Rafael López Aliaga enfrenta dos denuncias penales tras cuestionar los resultados electorales sin presentar pruebas y convocar a una “insurgencia” condicionada al desenlace del proceso. Los recursos legales sostienen que sus declaraciones habrían afectado el orden público y el normal desarrollo electoral.
La primera denuncia fue presentada por abogados del estudio Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad. El documento señala el presunto delito de perturbación o impedimento del proceso electoral, al considerar que el llamado a una insurgencia podría alterar la tranquilidad pública. Además, solicitan su detención inmediata por presunta flagrancia, en aplicación del artículo 259 del Código Procesal Penal.
Una segunda denuncia, interpuesta por Rubén Serpa, atribuye al candidato presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular y los poderes del Estado. Según el planteamiento, las afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia afectarían la confianza en el sistema democrático.
Las denuncias serán evaluadas por las instancias correspondientes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones formales o adoptar medidas legales. El caso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, donde las declaraciones de actores públicos inciden en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los procesos electorales.
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