El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, protagonizó el 14 de abril un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde no solo reiteró denuncias de fraude sin pruebas, sino que también invocó el derecho a la “insurgencia” y lanzó expresiones ofensivas contra autoridades electorales.
Durante su intervención, López Aliaga dio un plazo de 24 horas al JNE para declarar la nulidad de los comicios. Además, advirtió que, de no cumplirse esta exigencia, convocaría movilizaciones. En ese contexto, utilizó un lenguaje abiertamente vulgar y con connotaciones sexualizadas al referirse al presidente del JNE, Roberto Burneo, lo que genera fuertes cuestionamientos.
Sus declaraciones incluyeron una interpretación del artículo 46 de la Constitución, que reconoce el derecho a la insurgencia frente a un gobierno usurpador. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial que indique una ruptura del orden constitucional ni la existencia de un gobierno ilegítimo. Por el contrario, el proceso electoral continúa bajo la supervisión de los organismos competentes.
El discurso del candidato se da mientras avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en un escenario donde su posición en los resultados se vio debilitada. Este contexto refuerza las críticas hacia la falta de sustento en sus acusaciones.
POSIBLES IMPLICANCIAS LEGALES
Desde el ámbito legal, invocar la insurgencia sin que se configure un quiebre constitucional puede ser una interpretación errónea de la norma. El artículo 45 de la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo y que ninguna persona puede atribuírselo al margen de la ley.
Asimismo, el Código Penal peruano contempla sanciones para quienes, mediante amenazas o actos de presión, intenten perturbar o impedir el desarrollo de un proceso electoral. Estas conductas pueden ser investigadas incluso de oficio, sin necesidad de una denuncia previa.
El tono utilizado por López Aliaga también es objeto de críticas. Más allá del contenido político, el uso de agravios y referencias vulgares contra funcionarios públicos no solo degrada el debate, sino que puede interpretarse como una forma de presión indebida hacia las instituciones encargadas de garantizar la legalidad del proceso.
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