población electoral ayacuchana dictaminó una preferencia por unos u otros. Tempano en el 2023 sabremos si acertamos plenamente o a medias. En cualquier caso, no es asunto exclusivo la calidad personal del elegido. Ser honestos no es el único requisito para ejercer el Poder o autoridad. Deben poseer capacidades políticas para ejercer gobierno. Si no las tienen deben leer, informarse y hacerse asesorar. El primer Asesor al que deben acudir es al cuerpo de leyes que norman lo regional y aspectos de Constitucionalidad regional, creada el 2002 para cumplir a partir del 2003. Un balance nos indica que mucho de ello no se ha venido cumpliendo. Primer reto a respetar por las nuevas autoridades ayacuchanas. Reflexionen. La defectuosa democracia regional ayacuchana necesita ser superada. Puede hacerse. Es urgente para el futuro inmediato.
Una sencilla y sincera maniobra de timón gubernamental puede encaminarnos a programar o planificar soluciones de corto plazo. Solamente requiere una voluntad política pura, solidaria, colectiva, señal de honestidad. No se requiere ser filósofo ni doctor en ciencias políticas. Solo empezar a cumplir lo que ya la ley ordena y uno de esas exigencias es declarar con prontitud su voluntad de gobernar con transparencia aplicando normas ya existentes para ello. Que la población de todo el territorio ayacuchano esté lo mejor informada posible de lo que está planificado; de los problemas u obstáculos que se encuentren en el camino de nuestra gobernanza regional. La ley permite presupuestar esa inversión.
Hay tecnologías modernas para aquello. Hay Radios locales que podrían difundir noticias y pedagogía política en lengua oriunda, especialmente para poblaciones muy lejanas; Existe ya normado y aprobado un Plan Regional de Participación Ciudadana que podría aplicarse como Plan Piloto en las principales ciudades de la Región. Las Municipalidades provinciales tienen la obligación moral y legal de llevar adelante el Consejo de Coordinación Regional – CCR (tercer Poder del Estado Regional) órgano de coordinación y consulta popular. La ley permite financia-miento público para ello. La mayoritaria desinformación pública actual es la principal causal de la corrupción existente en todos los niveles y el analfabetismo político que se comprueban en cada proceso electoral y medio en broma, medio en serio, les hace pensar a nuestras débiles organizaciones políticas que la palabra Poder se escribe con J y no con P como debiera ser.
El concepto INFORMACIÓN demanda TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA que a su vez o simultánea-mente se orienta a fortalecer capacidades ciudadanas para una mejor y eficaz participación ciudadana, hasta el del más humilde, sin exclusiones, en la pedagogía cívica y política de todos, para una mejor gobernabilidad de todos los pueblos. Ojalá las nuevas autoridades empiecen a en-tender y aplicar esto. Es la revolución deseada.
