El río Mishka, fuente vital de agua para cientos de familias en el distrito de Apongo, en Fajardo, estaría nuevamente contaminado. La denuncia, atribuida a descargas de la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., encendió las alarmas.
La Defensoría del Pueblo, tras una queja recibida, derivó el caso al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que registró la denuncia en el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada).
Desde ahí, la cadena de acciones empezó a moverse: la Administración Local del Agua Pampas asumió la fiscalización y la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas anunció que se programará una fecha a fin de verificar la calidad del agua del Mishka.
No solo eso. La Defensoría consiguió que el caso también se traslade a la Dirección Regional de Salud (Diresa- Ayacucho) y a la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, instancias llamadas a garantizar que ni la salud ni la alimentación de las comunidades se vean comprometidas.
Un río con historia de sanciones
El temor de los pobladores no es nuevo. El río Mishka ya había sido escenario de episodios de contaminación en años anteriores. En 2019, el OEFA sancionó a Catalina Huanca con 60 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 219,000, por incumplir normas ambientales en el distrito de Canaria.
La sanción fue ratificada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA), que confirmó la transgresión a la legislación vigente.
Las infracciones fueron contundentes: el vertimiento de aguas provenientes de un sistema de drenaje subterráneo de relaves al Mishka, en lugar de recircularlas a la planta de beneficio San Jerónimo, como estipulaba el estudio de impacto ambiental; y la descarga del efluente de la poza de sedimentación de la bocamina Bolívar hacia la quebrada Saccllani, con niveles de sólidos totales muy por encima de lo permitido.
Pese a los descargos, la minera no pudo desvirtuar los hechos constatados ni los análisis de laboratorio. “Con el pronunciamiento del TFA queda agotada la vía administrativa”, señaló entonces el OEFA, que ordenó el pago de la multa.
Comunidades en incertidumbre
El actual episodio revive este incidente. Para las comunidades de Apongo y alrededores, el Mishka no solo es un río: es la fuente que riega sus chacras y sostiene su ganadería y agricultura de subsistencia. Una posible contaminación significa, en palabras de los dirigentes campesinos, “un golpe directo a la vida”.
La Defensoría insistió en que su labor es velar porque las distintas entidades estatales actúen con celeridad. Ya en anteriores oportunidades había exhortado al OEFA y al Osinergmin a informar sobre las acciones de supervisión emprendidas.
Mientras uno debía fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, el otro tenía que verificar la seguridad de la infraestructura minera.
En la actualidad, la expectativa vuelve a ponerse sobre estos organismos. La pregunta que ronda en las comunidades es si las sanciones de antes lograron algún cambio real en la conducta de la empresa o si, como temen las familias, se trata de una historia que amenaza con repetirse.
El eco de una lucha
La crónica del Mishka refleja una disputa silenciosa y persistente: la de las comunidades campesinas que exigen respeto a sus fuentes de agua frente a la actividad extractiva. Se aguarda la intervención de las instancias competentes para que se puedan establecer responsabilidades por el grave daño a la salud pública que representa su contaminación.
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