En las zonas rurales de Ayacucho, los centros poblados enfrentan condiciones críticas que reflejan una gran deuda del Estado con sus comunidades. Más de 230 municipalidades de centros poblados, distribuidas en las once provincias de la región, atienden directamente a la población rural, pero lo hacen con presupuestos precarios que en muchos casos no superan los 50 mil soles anuales, recursos que apenas alcanzan para gastos administrativos.
La consecuencia es dramática: carreteras sin mantenimiento, comunidades enteras sin agua potable ni sistemas de saneamiento, electrificación inconclusa y postas de salud que funcionan en condiciones mínimas. En algunos casos, las familias deben caminar horas o incluso días para llegar a un centro de atención médica o a un colegio secundario.
Más de 230 municipalidades de centros poblados administran presupuestos que no superan los 50 mil soles anuales, monto insuficiente incluso para cubrir servicios básicos.
Cansados del abandono, durante los últimos meses alcaldes y representantes de los centros poblados se movilizaron en marchas y plantones, exigiendo al Gobierno Regional el cumplimiento de la normativa que permite destinar recursos a estas jurisdicciones. Las protestas fueron respaldadas por organizaciones como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que demandaron una respuesta política concreta frente al abandono histórico.
“Las comunidades no pueden seguir subsistiendo con presupuestos simbólicos que no alcanzan ni para reparar un camino vecinal”, señalaron voceros de las movilizaciones, aludiendo también a que esta falta de recursos profundiza la exclusión social y la migración forzada hacia las ciudades.
Además, esta precariedad alimenta la desconfianza de la población hacia las instituciones y genera un terreno fértil para los conflictos sociales, donde los alcaldes y dirigentes comunales se convierten en voceros de demandas históricamente ignoradas.
Tras semanas de presión, el pleno del Consejo Regional de Ayacucho aprobó finalmente declarar de atención prioritaria e interés regional la firma de convenios entre el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) y las municipalidades provinciales. La medida permitirá canalizar recursos y asistencia técnica a los centros poblados, en el marco de la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, que faculta a los gobiernos regionales a realizar transferencias financieras para atender funciones delegadas.
El Consejo Regional de Ayacucho priorizó la firma de convenios que habilitan transferencias directas a los centros poblados, conforme a la Ley de Presupuesto 2025.
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